En un informe anterior de “La Propiedad Participada”,
nos referimos a la indiferencia de algunos empresarios ante el reclamo de los
trabajadores por el reparto de ganancias de las empresas Telefónica de
Argentina S.A. y Telecom S.A. El conflicto no es sencillo para la
Justicia, ya que hay múltiples factores que reclaman que accionen a su favor.
En este artículo, buscamos despejar algunas dudas los derechos de los
trabajadores para percibir un porcentaje de ganancias de las empresas y por qué
es necesario avanzar en la resolución del tema.
“Si no hacemos nada ante esta situación, nadie saldrá beneficiado”, detalla la doctora Liliana Zabala, principal impulsora de la causa. “Si no se dan respuestas inmediatas, los trabajadores entenderán que han sido nuevamente estafados. Quienes fueron despedidos, sentirán que primero fueron engañados con la privatización que los expulsó de la estabilidad laboral. Un segundo grupo también se entiende estafado por los sindicatos que no informaron ni pelearon”, explica la abogada Liliana Zabala sobre la necesidad de avanzar en el camino judicial para arribar a una pronta solución del problema, resaltando que en su opinión, los sindicatos son indispensables a la hora de solucionar este conflicto.
El escenario más desfavorable es que la situación continúe igual. Sin embargo, existe un escenario en donde podrían ocurrir numerosos episodios positivos. El primero: un acuerdo entre trabajadores y empresa, que implicaría la inversión productiva del capital adeudado. La segunda: el capital podría ser entregado en préstamo con una garantía fiduciaria, que puede ser devuelto a la empresa telefónica (a su vez la empresa podría orientarlos con su experiencia y contactos, en un trabajo conjunto)
¿Cuál sería el beneficio para las empresas? Tomemos un ejemplo: la organización utiliza el dinero como activos en su balance, ya que es un crédito que brinda a sus empleados. De esa forma, acrecienta su prestigio como empresa. No es la única ventaja sino que puede lograr un mejor posicionamiento en los permisos para desarrollar su política empresarial.
Quizás el más importante de los cambios que podría producirse es el “cultural”. Por un lado, se conseguiría la confianza de los representantes y las instituciones. También se daría cumplimiento a una deuda social real: cubrir los costos del desempleo que causaron las privatizaciones de las telefónicas. El objetivo real sería la generación de más puestos de trabajo, aumento de ingreso laboral, mayor riqueza generada por la empresa, nuevos contratos, satisfacción del personal actual, reconocimiento y ascenso.
“Si no hacemos nada ante esta situación, nadie saldrá beneficiado”, detalla la doctora Liliana Zabala, principal impulsora de la causa. “Si no se dan respuestas inmediatas, los trabajadores entenderán que han sido nuevamente estafados. Quienes fueron despedidos, sentirán que primero fueron engañados con la privatización que los expulsó de la estabilidad laboral. Un segundo grupo también se entiende estafado por los sindicatos que no informaron ni pelearon”, explica la abogada Liliana Zabala sobre la necesidad de avanzar en el camino judicial para arribar a una pronta solución del problema, resaltando que en su opinión, los sindicatos son indispensables a la hora de solucionar este conflicto.
El escenario más desfavorable es que la situación continúe igual. Sin embargo, existe un escenario en donde podrían ocurrir numerosos episodios positivos. El primero: un acuerdo entre trabajadores y empresa, que implicaría la inversión productiva del capital adeudado. La segunda: el capital podría ser entregado en préstamo con una garantía fiduciaria, que puede ser devuelto a la empresa telefónica (a su vez la empresa podría orientarlos con su experiencia y contactos, en un trabajo conjunto)
¿Cuál sería el beneficio para las empresas? Tomemos un ejemplo: la organización utiliza el dinero como activos en su balance, ya que es un crédito que brinda a sus empleados. De esa forma, acrecienta su prestigio como empresa. No es la única ventaja sino que puede lograr un mejor posicionamiento en los permisos para desarrollar su política empresarial.
Quizás el más importante de los cambios que podría producirse es el “cultural”. Por un lado, se conseguiría la confianza de los representantes y las instituciones. También se daría cumplimiento a una deuda social real: cubrir los costos del desempleo que causaron las privatizaciones de las telefónicas. El objetivo real sería la generación de más puestos de trabajo, aumento de ingreso laboral, mayor riqueza generada por la empresa, nuevos contratos, satisfacción del personal actual, reconocimiento y ascenso.
