miércoles, 12 de julio de 2017

Segundo testigo: Política de Comunicaciones, Ley de medios entre otras.

La semana pasada,  se hizo presente ante el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello, el testigo propuesto por el Fiscal Federico Delgado, el Dr. Martín Becerra, quien compareció en la causa penal que estamos impulsado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir,  por no controlar a Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., que no abonaron la participación en las ganancias adeudadas al personal y comprometidas en los Pliegos de Licitación por la compra de Entel.
Se le preguntó sobre las decisiones del gobierno actual en materia de comunicaciones, dado su condición de especialista en el tema, ya que es investigador del CONICET, Doctor en Ciencias de la información, y  profesor universitario en la cátedra de Políticas en Comunicación de la Universidad de Quilmes y de la UBA.
Manifestó lo siguiente:
1) Que el Poder Ejecutivo no controla la calidad de servicios de las empresas telefónicas.
Que si bien es complicado hacerlo no hay políticas públicas en este sentido. Sin embargo, que hay países de latinoamérica que sí  ejercen un control de calidad de servicios (Chile, Uruguay).
2) Que el Estado controló algunas cosas respecto del pliego de licitación de adquisición de la ex-Entel, como por ejemplo obligación de cobertura.
Sin embargo no controló la telefonía pública (la obligación de poner teléfonos públicos en las villas de emergencia por ej., para que todos tengan acceso a ello).
3) Que no coincide con la respuesta del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al diputado Néstor Pitrola,  toda vez que "las vacaciones regulatorias" que el Poder Ejecutivo a traves del decreto 1340/16 para que construyan redes de nueva generación, no coincide con la experiencia internacional como alega el Jefe de Gabinete.
Esta ausencia de intervención regulatoria por 15 años, bloquea la posibibidad de competencia de las redes, lo que contradice el art. 42 de la Constitución Nacional.
La idea de Poder Ejecutivo es estimular la inversión sin control.
Este debate de "Vacaciones Regulatorias" ya se dió en varios países de Europa, desde hace 10 años y el mismo se descartó ya que resultaba dañiño a la competencia.
Hubo una sentencia del máximo tribunal español en este sentido.
 4) Opinó que las frecuencias de espectro deberían ser adjudicadas en base a reglas de licitación y no a demanda de las operadoras, ya que el espectro es un bien de dominio público (como lo definió la Unión Internacional de las Telecomunicaciones a la cual se adhirieron los Estados), finito y escaso, que no es propiedad del Estado, sino de la Humanidad.
Que el Estado es sólo el administrador. Que la Ley de Argentina digital estipula para ello la regla del concurso público.
5) Que el decreto de necesidad y urgencia nº  267/15 avanza con reglas de juego que comprometen el corto, mediano y largo plazo para las comunicaciones, más allá de la invocada necesidad y urgencia que no existió.
Que éste decreto crea inseguridad jurídica y afecta los derechos de la ciudadanía, como se la libetad de expresión, el acceso a una cultura diversa y a la libertad de competencia. Que ésto lo explicó la Corte Suprema muy bien en su fallo del año 2013 en la causa iniciada por el Grupo Clarin S.A.., resguardando los derechos de la ley 26.522 y que el decreto 267 derogó.
6) Que a su entender no existieron circunstancias de necesidad y urgencia para el dictado del Decreto 267/15. Que no era ni urgente ni necesario y contravienen el dictámen de la Comisión Bicameral que tramitó ese DNU.
7) Que la sociedad civil se ve afectada con la eliminación del AFSCA y AFTIC, por que le quita la representación política y regional en los órganos reguladores de la comunicaciones dado que el decreto 267/15 gubernamentalizó al extremo la dependencia de la Autoridad de Aplicación (ENACOM)
Ësto contradice los stándares del sistema interamericano de Derechos Humanos que plantean que la autoridad regulatoria debe poseer independencia política y económica.
8) Sobre la fusión entre Cablevisión y Telecom S.A., manifestó que eleva los márgenes de concentración a niveles inéditos en la Argentina, que afecta los arts. 42 y 75 inc. 19 de la Constitución Nacional.
Que el producto de ésta fusión va a dominar redes estratégicas como por ejemplo el 56% de la banda ancha fija en la Argentina y que esa concentración no hubiera sido posible si se hubiera cumplido la normativa anterior sancionada por el Congreso en materia de medios audiovisuales y telecomunicaciones (leyes 26.522 y 27078).
9) Preguntado para que diga si tiene herramientas la Comisión Nacional de Defensa de la Comeptencia para impedir ésta fusión, manifestó que sí tiene herramientas, pero no tiene poder político ya que depende del Poder Ejecutivo, dado que nunca se constituyeron los Ttribunales de Defensa de la Competencia previstos en la ley de defensa de la competencia, que serían tribunales autárquicos.

Ëste  decálogo de respuestas, es otro gran avance para que esclarecer la conducta de los funcionarios públicos actuales,  y saber, si lo hacen sometiéndose a la ley y la Constitución, o se someten a otros intereses.
Confiados en la Justicia, continuamos.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.


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miércoles, 21 de junio de 2017

Primer testigo: Política de Comunicaciones, Ley de medios entre otras.

La semana pasada se hizo presente ante el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello, el testigo propuesto por el Fiscal Federico Delgado, el Dr. Damian Loretti, quien compareció en la causa penal que estamos impulsado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir,  por no abonar Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., la participación en las ganancias adeudadas al personal y comprometidas en los Pliegos de Licitación por la compra de Entel.
Se le preguntó sobre las decisiones del gobierno actual en materia de comunicaciones, dado su condición de especialista en el tema, ya que es abogado, profesor universitario en Derecho a la Información, Secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales y Vice Pte. de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Manifestó lo siguiente:
1) Que no coincide con la respuesta del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al diputado Néstor Pitrola, es obligación de la autoridad de aplicación fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente.
2) Que a pesar de la posición del Poder Ejecutivo,  el Estado tiene que considerar la razonabilidad de mantener un decreto declarado inconstitucional (395/92) luego de la sentencia de la Corte en autos "Gentini", cada vez que un reclamo de un trabajador lo lleva a los estrados judiciales.
3) Que el decreto 1340/16 le otorga un marco de protección a las empresas telefónicas otorgándo 15 años de gracia para que "maduren las redes", esto es adecúen su tecnología para las redes instaladas fijas de última milla, retrasando la apertura de competencia ya que es sólo para las empresas que hoy están operando.
4) Opinó que las frecuencias de espectro deberían ser adjudicadas en base a reglas de concurso abierto y en algunos casos de licitación de precios y llamado público, lo que aquí no se ha hecho, ya que están otorgando contratos a demanda de éstas empresas.
5) Que el decreto de necesidad y urgencia nº  267/15 por el que elimina el AFSCA y AFTIC, y crea el ENACOM, entre otras cuestiones fué dictado sin que existieran las situaciones excepcionales y de necesidad y urgencia que tornaban imposible el trámite legislativo, tal como lo prevee el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional.
Que ésta decisión le ha quitado a la ciudadanía la participación a las mayorías y minorías con fundamento en el bien común.
6) Que éste planteo lo llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia a la que concurrió el 8 de abril de 2016, en la cual el Estado Argentino prometió una nueva legislación en breve plazo, lo que hasta la fecha ni siquiera a presentado el proyecto de ley en el parlamento.
7) Que está impulsando la inconstitucionalidad del DNU 267/15 y de la ley 26.122 que impone la aceptación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por una sola Cámara del Congreso, cuando la Constitución Nacional requiere de la dos Cámaras.
8) Que el decreto de necesidad y urgencia nro.  267 en su artículo 7, excluye los servicios de radiodifusión por suscripción de la ley 26.522. Esto quiere decir que le elimina la protección de las industrias culturales, llevando a la falta de control de concentración lo que la incrementa, la eliminación de señal propia, abono social, grilla de programación, produciendo caída de fuentes de empleo.
9) Este DNU le quita a la sociedad civil representación, ya que los Directorios del AFSCA y AFTIC fueron creados por ley, con el voto de mayorías y minorías en el Congreso Nacional, cuando ahora las autoridades del ENACOM son designadas únicamente por el Poder Ejecutivo.

Esto es un gran avance para que la Justicia analice la conducta y la omisión de los funcionarios responsabilizados por nuestra parte, en esta cada vez más probada gama de irregularidades.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.

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martes, 13 de junio de 2017

Gira la rueda

El Ministro de Trabajo Jorge Triaca deberá informar sobre la vigencia del decreto 395/92 y precisar la cantidad de juicios en los cuales dicho Ministerio resultó sancionado por la sanción del decreto 395/92, y en su caso indique desde que fecha tiene sentencia firme. Por último deberá también informar en cuales de los mencionados juicios se ha cancelado las obligaciones de las que allí se derivan y en cuáles de ellos aún no lo hizo. Es decir cuántos reclamos y deudas tiene por no haberse derogado.
Estos requerimientos fueron solicitados el 6 de junio de 2017 por el Juez Sebastian Casanello.
Recordemos además, que el Fiscal Federico Delgado pidió en fecha 26 de abril de 2017 indagatoria del actual Ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Todo ésto ha sido como consecuencia de nuesto pedido como representante de la querella, dado que el Ministerio no derogó el decreto 395/92 declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Siendo que esta omisión ha importado un perjuicio continúo a los damnificados y a la Nación por la múltiple cantidad de reclamos judiciales que deben tramitarse.
Sostuvo Federico Delgado en su requerimiento que los funcionarios públicos deben velar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos de interes público, y que en la indagatoria que solicita los funcionarios y ex-funcionarios podrán responder a la acusación.
Otro paso más adelante.
Saludos cordiales,  Liliana Zabala.


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lunes, 5 de junio de 2017

Se cierra el círculo

El miércoles 31 de mayo de 2017, el Jefe de Gabinete Sr. Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, contestó a las preguntas efectuadas por el Bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, firmada por el diputado Nestor Pitrola.
Se le consultó si estaba previsto sancionar a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., por no cumplir los Pliegos de Licitación por la compra de Entel en relación a la falta de pago de participación en las ganancias a su personal.
 A ésto, contestó que no habrá sanciones por que el decreto 395/92 se encuentra vigente, y que la solución dispuesta por la Corte Suprema de Justicia en autos: "Gentini", es una respuesta individual a un caso concreto, con lo cual ratifica la posición de los funcionarios actuales, de mantener el decreto, al margen del art. 14 bis de la Constitución Nacional, el art. 29 de la ley 23.696 y de los Pliegos de Licitación suscriptos por el país.
Esto implica que:
El Poder Ejecutivo no respeta los contratos firmados por el país ni pretende hacerlos valer.
Que entiende que Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A. no deben cumplir sus contratos.
Que los empleados afectados deben hacer juicio al Estado Nacional por el decreto que se encuentra vigente.
Que el Estado Nacional va a ser condenado por la sanción del decreto 395/92 y que todos los habitantes de la Nación deberán cargar con las sanciones judiciales que se dispongan.
Que  no piensa ni quiere aplicar las normas del regimen de contrataciones del Estado, según las cuales, los contratistas que no cumplen los contratos deben ser sancionados.
Que el Gobierno no quiere ser ejemplo de respeto de la palabra empeñada y cuidado del patrimonio nacional.
No obstante esta falta de ejemplo en el cuidado de nuestras instituciones, ya le hemos presentado al Juez Sebastian Casanello, estas afirmaciones, que cierra el círculo de la prueba que estaba necesitando para demostrar el incumplimiento de los deberes de funcionario público denunciado en la causa 12770/16.
Seguiremos trabajando para que se haga Justicia.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.

martes, 2 de mayo de 2017

La participacion en las ganancias en la campaña electoral de Foetra

Esta noticia la pueden visualizar en el siguiente link
http://www.lanacion.com.ar/2019188-la-izquierda-se-une-para-liderar-un-gremio


La información que referimos, además está publicada en: https://www.facebook.com/Por-la-Participaci%C3%B3n-en-las-Ganancias-1665120690182387/
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Saludos cordiales a todos! Liliana Zabala.

viernes, 28 de abril de 2017

El Fiscal impulsó nuestra denuncia. Pidió la citación a indagatoria de Triaca y Aguad

El  Fiscal Federal Federico Delgado, lo hizo el día 26 de abril de 2.017 debido al evidente incumplimiento contractual de las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., por no abonar la participación en las ganancias a su personal.

Entre otras razones se le imputa al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, obstaculizar el cobro de las indemnizaciones impuestas y por no derogar el decreto 395/92 declarado inconstitucional por la Corte Suprema en los autos "Gentini".

Tambien reitero el pedido de indagatoria del Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al Funcionario del Enacom Miguel Angel de Godoy, por continuar dictando normas contrarias a la ley.

Cada día un paso adelante.
Será Justicia. Liliana Zabala.



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Saludos cordiales a todos! Liliana Zabala.

lunes, 24 de abril de 2017

VAMOS POR LA SENDA CORRECTA

El juez federal de San Rafael,  Dr. Eduardo Ariel Puigdéngolas de la Pcia. de Mendoza prohibe el desembarco de las telefónicas en televisión en la causa 5468/2017.
También suspende la reatribución de espectro que pedía Clarín y le impide a DirecTV brindar Internet.
Lo hace para disminuir las desigualdades que impone la normativa del actual Poder Ejecutivo Nacional que crea el ENACOM por un decreto de necesidad y urgencia, eliminando organismos descentralizados  designados por el Congreso Nacional (AFSCA Y AFTIC), violentando la normativa dispuesta por la ley de Medios y de Argentina Digital, ambas vigentes.
Esto también lo hemos pedido en la causa penal a cargo del Juez Sebastian Casanello, que deberá decidir por el incumplimiento de los deberes de funcionario público al no sancionar a las empresas telefónicas por no abonar la Participación en las Ganancias al personal, comprometida en los Pliegos de Licitación por la compra de Entel, y por nuestra denuncia del delito de Avasallamiento y Alzamiento en contra de las instituciones.
Saludos cordiales.
Sera Justicia. Liliana Zabala..