lunes, 24 de abril de 2017

VAMOS POR LA SENDA CORRECTA

El juez federal de San Rafael,  Dr. Eduardo Ariel Puigdéngolas de la Pcia. de Mendoza prohibe el desembarco de las telefónicas en televisión en la causa 5468/2017.
También suspende la reatribución de espectro que pedía Clarín y le impide a DirecTV brindar Internet.
Lo hace para disminuir las desigualdades que impone la normativa del actual Poder Ejecutivo Nacional que crea el ENACOM por un decreto de necesidad y urgencia, eliminando organismos descentralizados  designados por el Congreso Nacional (AFSCA Y AFTIC), violentando la normativa dispuesta por la ley de Medios y de Argentina Digital, ambas vigentes.
Esto también lo hemos pedido en la causa penal a cargo del Juez Sebastian Casanello, que deberá decidir por el incumplimiento de los deberes de funcionario público al no sancionar a las empresas telefónicas por no abonar la Participación en las Ganancias al personal, comprometida en los Pliegos de Licitación por la compra de Entel, y por nuestra denuncia del delito de Avasallamiento y Alzamiento en contra de las instituciones.
Saludos cordiales.
Sera Justicia. Liliana Zabala..

jueves, 20 de abril de 2017

Denuncia agravacion delito Oscar Aguad y denuncia Jorge Triaca

Así como la República Argentina, proliferan los obstáculos y conflictos, también existen de sobra, excelentes jueces, funcionarios, legisladores, representantes gremiales, políticos, organizaciones sociales, intelectuales, artistas, periodistas, ciudadanos en general, que aman la armonía, el buen hacer y la Justicia..
Es por ello necesario y posible que todos trabajemos para mejorar y restaurar el orden impuesto por nuestras instituciones y legislación.
Confiada en que Será Justicia, hicimos hicimos esta presentación. Liliana Zabala.

En el día de la fecha en la causa Nº 12770/16, en trámite ante el Juzgado Federal Penal nº 7 Staría nº 14, hemos denunciado la agravación del delito imputado por el Fiscal Federico Delgado, por parte del Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, por la sanción del Decreto 1340/2016, en tanto otorga beneficios a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., de acceder a la TV paga, prohibidas por la legislación vigente.
También denunciamos al actual Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por obtrucción de justicia, por incumplimiento de los deberes a su cargo (revocando el dto. 395/92), y por omisión en denunciar el incumplimiento de las empresas telefónicas en el propio gabinete del actual gobierno, para impedir la sanción del decreto 1340/2016.

El decreto 1340/2016, vulnera el régimen de contrataciones del Estado, ya que ambas empresas a 27 años de la privatización de Entel, aún no cumplen los Pliegos de Licitación por la compra de Entel que las comprometía a abonar la participación en las ganancias a su personal.
Por este régimen de contrataciones, debían ser sancionadas y hasta quitársele las licencias para operar la telefonía, como lo sostiene el Fiscal Federico Delgado en su dictámen del día 17 de octubre de 2.016.
Por el decreto 1340/2016 no sólo manifiestan la indiferencia al obrar de la justicia, cuando la Directora de Asuntos Jurídicos del ENACOM, declaró como testigo por un requerimiento efectuado por los Diputados Pitrola, Sosa y Lopez, con posterioridad al dictámen del Señor Fiscal, sino que además, benefició con concesiones prohibidas por el mismo Pliego de Licitación de la compra de Entel, y por la Ley de Medios todavía vigente.
Debemos recordar la falta de legalidad y legitimidad de las autoridades del ENACOM, toda vez  que se sostienen en el decreto de necesidad y urgencia nº 267/15,  que elimina entes descentralizados, AFSCA y AFTIC donde el Congreso Nacional establece sus competencias y le delega funciones regulatorias. Ello importa por parte de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, la comisión del delito de Avasallamiento y Alzamiento contra los principios de: separación de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, (art. 1), el federalismo (art. 1), la libertad de expresión y el acceso a la información (arts. 14 y 32; y art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el principio de razonabilidad (art. 28 de la CN), la defensa de la competencia (art. 42 de la CN).
Que asimismo no existe voluntad política del Poder Ejecutivo en remediar el Decreto 267/15, que modifica la Autoridad de Aplicación dispuestas por las leyes 26.522 y 27.708 , creando el ENACOM, con el agregado que los miembros de su Directorio removidos por la sola voluntad del Presidente de la Nación.
 El Poder Ejecutivo Nacional, no puede demostrar que este decreto ha sido sancionado con las facultades excepcionales que concede el art. 99 inc. 3º de la Constitución Nacional, ya que no hay situaciones excepcionales de necesidad y urgencia que habiliten el atropello institucional cometido.
No sólo no puede fundamentar la facultad que se arroga, sino que además, apuesta a un atajo que a futuro sólo puede acarrear perjuicios al Estado Argentino.
En efecto, apela a una falsa cobertura por la que se dispone una Comisión de Reforma de las leyes que regulan la actividad (leyes 26.522 y 27.078) y a nuevos e innecesarios plazos.
De ese modo intenta transformar lo transitorio en permanente creando situaciones de hecho por las cuales cuando el Congreso legisle sobre el particular no podrá revertir las concesiones realizadas a las empresas telefónicas o sólo podrá hacerlo con el pago que éstas exigirán por retrotraer los contratos.
El régimen legal que se pretende imponer en materia de comunicaciones, con autoridades carentes de legalidad y legitimidad, atentan además, contra:
.- el principio de separación de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
.- el principio antimonopólico de toda la normativa imperante en nuestro país.
.- el contralor del cumplimiento de las obligaciones contraídas en nuestro país por las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A.
.- el favoritismo en apartarse del régimen de licitaciones y entregar frecuencias prohibidas sólo a demanda.
.- la vulneración de los Pliegos de Licitación de Entel en entregar TV paga, cuando estaba prohibida.
.-  la violación de la ley 25.750 de Preservación de Bienes Culturales y Patrimoniales que prohibe la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.
.- de la ley 26.522 que prohibe el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de radiodifusión a empresas prestatarias de servicios públicos como el caso de  Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., ahora beneficiadas por el decreto 1340/2016.

Ante todo ello vale reiterar:
Así como la República Argentina, proliferan los obstáculos y conflictos, también existen de sobra, excelentes jueces, funcionarios, legisladores, representantes gremiales, políticos, organizaciones sociales, intelectuales, artistas, periodistas, ciudadanos en general, que aman la armonía, el buen hacer y la Justicia..
Es por ello necesario y posible que todos trabajemos para mejorar y restaurar el orden impuesto por nuestras instituciones y legislación.
Confiada en que Será Justicia, hicimos hicimos esta presentación.
Saludos cordiales a todos. Liliana Zabala..


jueves, 23 de febrero de 2017

Somos querellantes. Ahora la Cámara nuevamente decidirá

El día 27 de diciembre pasado, la Sala 1 del Fuero Criminal y Correccional Federal nos reconoció el carácter de querellantes en la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Los hemos denunciado por omitir el  control y la sanción a las empresas telefónicas que, como se sabe, no cumplen desde hace 26 años con  los Pliegos de Licitación por la compra de Entel ya que desde entonces no abonan la participación en las ganancias. Frente a este incumplimiento de la ley y por el régimen de contrataciones del Estado, no se las debería dejar participar en nuevas licitaciones, como en ese momento se pretendía y hoy sucede.

El Juez Sebastián Casanello en el mismo día rechazó la medida de no innovar que solicitamos con el fin de evitar que los funcionarios del actual gobierno nacional comentan delitos como sus antecesores, debido a la posible asignación de beneficios a las empresas telefónicas.

El día  21 de febrero, sostuvimos en forma oral los agravios ante los miembros del tribunal de Alzada, frente al decrero 1340/2016, sancionado el 30 de diciembre de 2.016 (3 dias después del rechazo del Juez de Primera Instancia), en la referida audiencia manifestamos que el referido decreto:

1) Regula la ley de medios vigente y la ley Argentina Digital también vigente.
2) Designa este decreto, distinta autoridad de aplicación (ENACOM) a la que había designado estas otras leyes (AFSCA y AFTIC), de jerarquía superior.
3) Asigna a demanda la televisión paga a las operadoras móviles (inc. c art. 4º) (sin licitación)
4) Propone llamar a concurso público para el servicio de 3G y 4G para nuevos operadores además de Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., que habían ganado una licitación previa.
No obstante ello, aprueba, sin concurso en el día de ayer, la propuesta presentada por Nextel de Cablevisión del Grupo Clarín y Fintech, sin pagar las frecuencia "otorgándole el registro de prestador de Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA), el cual le permite brindar servicios de 4G en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz".
5) Que le obsequia 15 años de reserva para los operadores que construyan redes de nueva generación el privilegio de protección de la "última milla", con lo cual bloquea a la competencia de un plazo inédito en el mundo por el  art. 3, extendiendo el plazo dispuesto en el art. 45 de la ley 27.078 ya concursada.
6) Que establece criterios de reparto de recursos públicos, como el espectro radioeléctrico, siendo la autoridad de aplicación la que prevee el art. 26 de la ley 27.708 y no la autoridad de aplicación que dispone dicho decreto, creada también por otro decreto del actual gobierno nº 267/15. Haciendo notar la menor jerarquía de la normativa aplicada
7) Que todas estas disposiciones contrarían el régimen de contrataciones del Estado que dispone el llamado a Concurso Público para el caso que nos ocupa.

Esperamos ahora la decisión de la Justicia.

Saludos cordiales, Liliana Zabala.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Pedido de no innovar

En el día de hoy, presentamos ante el Juez Casanello, una medida de no innovar con el fin de que los funcionarios imputados en la causa Nº 12770/16, no continúen cometiendo nuevos delitos y sean impedidos de entregar frecuencias de telefónia y/o televisión por cable, y/o ampliación de servicios y/o prestaciones a favor de Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A..
En el conflicto desatado por la entrega de licencias 4G al diario Clarín, las empresas telefónicas estarían presionando para que se les precipite la entrega de televisión por cable..
No olvidemos que el  actual Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, asi como a los funcionarios de la ENACOM, Miguel Angel de Godoy, Silvana Giudici, Alejandro Pereya y Heber Martinez han sido imputados entre otros, por el Fiscal Federico Delgado, quedando pendiente hasta el momento, la fijación de fecha para prestar declaración indagatorias.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.

martes, 29 de noviembre de 2016

Declaración como testigo. Otro paso más:

En el marco de las medidas previas a tomar frente al pedido de indagatorias del Fiscal Federico Delgado, al  Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a los funcionarios de la ENACOM, Miguel Angel de Godoy, Silvana Giudici, Alejandro Pereya y Heber Martin , el Juez Sebastian Casanello decidió citar a prestar declaración testimonial a la Directora de Asuntos Jurídicos del ENACOM, Dra. Patricia Roldan para el dia de hoy martes 29 de noviembre a las 11hs.
Se le pide concurra munida con copias del expediente nº 15868/16, el cual fuera formado con motivo del pedido de los diputados Pitrola, Sola y Lopez.  El mismo se refiere al pedido de informes sobre si se dispusieron sanciones a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom por no cumplir los Pliegos de Licitación por la adquisición de la ex-Entel, ya que desde hace 27 años no abonan la participación en las ganancias comprometida hacia su personal.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.

lunes, 14 de noviembre de 2016

La Cámara decidirá

El dia 10 de noviembre, el Juez  Sebastian Casanello, rechazó el pedido de ser parte querellante, entendiendo que el daño por el incumplimiento de los deberes de funcionario público es indirecto y por lo tanto no corresponde hacer lugar a nuestro pedido.
En el dia de hoy, hemos apelado esta decisión, y este es el texto completo de nuestra presentacion:

APELA:
       Que vengo por el presente en tiempo y forma a plantear formal recurso de apelación contra la resolución de fecha 10 de noviembre de 2016 que resuelve no hacer lugar al pedido de ser parte querellante en los presentes actuados.
Dicha resolución causa agravio a esta parte, ya que en el carácter que invoco, mi apoderado el Sr. Jorge Sombra, amparado en doctrina sentada en la causa "Gentini", y en la presentación del 24 de octubre del cte. año, en donde se informa que se ha visto sometido a un proceso litigioso que demanda más de 16 años en autos: "Carrizo Hernandez, Noemi y otros c/ Estado Nacional s/proceso de conocimiento", (Expte. Nº 5.179/00), en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal nro. 4 Staria. nro.7, si reviste la condición de  “particular ofendido“ que el art. 82 del rito reclama, por lo cual la afección es directa.
Mi poderdante, de los modos tales como especial, singular, individual y directo se presenta afectada por el daño o peligro que el delito denunciado, juntamente con la representación de aproximadamente 2.500 personas de las que he dado cuenta en la audiencia del día 22 de septiembre de 2.016 cuya acreditación hemos puesto a disposición de V.S..
Se agravia esta parte, en el hecho no sólo de no reconocernos como querellante, sino que se estaría desconociendo el daño a nuestro patrimonio que fuera aquí denunciado y que viene siendo el centro de nuestra tarea en el reconocimiento de los derechos resguardados en la ley 23.696.
Este reclamo que no fue amparado por funcionarios del orden nacional es lo que motivo la denuncia y posterior investigación.
Esta parte reclama ese rol de parte querellante por todas las obligaciones y facultades que el rito acciona en cualquier expediente.
La afección es directa por el incumplimiento de los Pliegos de Licitación para la Adquisición de la ex-Entel, que le ha obligado a recurrir a la Justicia en un litigio que hasta el presente ha demandado el lapso de 16 años; y,  la afección también es directa (y no indirecta) por que una Administración que trata en forma desigual a los ciudadanos y/o empresas, que dilapida recursos materiales y humanos durante 26 años para que no se cumplan la ley y los contratos, que posibilita que las empresas telefónicas la utilicen en su propio beneficio, es una Administración que pone en riesgo el Estado mismo, y los acuerdos que sostienen el orden jurídico vigente e impide el progreso y evolución de nuestras instituciones.
Como nuestra sociedad, reclamó el Nunca Más en Derechos Humanos, como reclamó el Ni una Menos en las víctimas de la violencia de género, esta sociedad reclama imperiosamente el cumplimiento de la palabra comprometida sin favoritismos ni complicidades que se sellan con el silencio.
En nuestra denuncia hemos puntillosamente denunciado, cómo los 3 Poderes que conforman la Administración Pública, (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) en ese orden, han prestado soporte y otorgado garantías durante 26 años a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., en su afán de no cumplir con el Estado Nacional.
La evolución de nuestras instituciones en las que queremos ser protagonistas, anhela que esto nunca más suceda, y nuestros funcionarios (servidores públicos), cumplan con la ley, controlando y sancionando a las empresas telefónicas, como lo reclama el Fiscal Federico Delgado en su pedido de indagatorias.
En este mismo Juzgado, en la causa 1074/93 se han constituído querellantes aproximadamente 700 personas por las irregularidades en la implementación de los Programas de Propiedad Participada. Si esto fué así, ¿cuál es ahora la razón por la que se nos impide ser parte querellante? es acaso, que ahora este tema roza a las empresas telefónicas poderosas?, cuál es la diferencia esencial en esta causa?
Hay daño directo por afectación particular como trabajador telefónico, hay daño directo e indirecto como ciudadano que ve vulnerado las bases de su Estado.
Como existe un nuevo daño por la decisión en ser excluídos como parte querellante, es que interponemos este recurso de apelación.
No basta la representación del Ministerio Público Fiscal como sostiene la resolución recurrida, tenemos plena capacidad civil para actuar como querellantes y es una facultad que no queremos ni debemos delegar, ya que nuestros derechos los confiere el art. 82 del Codigo Procesal Penal.
Por lo expuesto, solicito se conceda el presente recurso de apelación a fin de lograr se modifique este decisorio ante la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero, durante la audiencia oral que desde ya solicito.
Téngase presente lo solicitado y provéase en consecuencia, que
                                                                SERA JUSTICIA.

martes, 25 de octubre de 2016

Sobre los empleados telefónicos. Difusión periodísta.

"El orden es el camino y también la ley; perturbarlo significa desviar el sendero, violar la Ley y faltar a la sociabilidad" Meishu Sama.

Desde hace 26 años las empresas telefónicas, con múltiples estrategias se apartaron de la palabra comprometida.
Poco a poco, se empiezan a ubicar las cosas en su lugar, por ello, el dictámen del fiscal Federico Delgado, del Fuero Federal Penal que mencioné en mi anterior entrada se refiere al enorme costo social que ha generado el incumplimiento de los contratos y de los funcionarios públicos involucrados: "... los empleados se vieron enredados hasta la actualidad en un sinnúmero de juicios mientras las empresas, amparadas por la falta de control del Estado, nunca cumplieron con sus obligaciones derivadas de los Pliegos de Bases y Condiciones dispuesto por el decreto 62/90 y las normas que lo integran.
El interrogante abierto es por qué no se realizaron controles ni se impusieron penalidades ni se revocaron licencias, máxime cuando existía el régimen previsto por el decreto 1023/01...".

Además de esta referencia, acompaño el link de la publicación periodistica que da cuenta de la difusión que ha comenzado a tener esta causa.
http://www.tribunadigital.com.ar/piden-investigar-a-funcionarios-por-no-controlar-a-telefonicas/
Saludos cordiales. Liliana Zabala.