Este artículo publicado por Alfredo Zaiat en Página 12 el día de ayer, da cuenta de las similitudes entre ambas privatizaciones:
1) El perjuicio al Estado Nacional por el precio irrisorio de las empresas privatizadas.
2) El pago efectuado con bonos a valor nominal 100, pero a precio real de 15.
3) La burla hacia los trabajadores en que se licúa la participación en la propiedad participada.
4) El fracaso del cuentapropismo de los trabajadores despedidos que pusieron kioscos en San Nicolas.
5) Que estamos en el camino correcto cuando planteamos que frente a la distribución de un nuevo ingreso, ya sea por cobrar los bonos de participación en las ganancias, o por la distribución del Fondo de Garantía y Recompra del PPP de Telecom S.A., debemos unirnos y no dilapidar el capital, para dejarle a las generaciones futuras una semilla de que podemos hacer las cosas bien, generando conciencia, habiendo aprendido la lección de las privatizaciones y no repitiendo la historia. Saludos cordiales, Liliana Zabala.
La nota la pueden visualizar en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-166915-2011-04-24.html
El Grupo Techint consolidó su liderazgo con la colaboración relevante de recursos públicos. Durante varias décadas obtuvo contratos de obras públicas, gasoductos, caminos que implicaron un desarrollo sostenido de su área de ingeniería y construcción. Recibió millonarios subsidios por regímenes de promoción industrial con exenciones impositivas, por el fomento de exportaciones industriales y por preferencias arancelarias que brindaron protección del importado. Se benefició de la licuación de pasivos financieros, a través de la regulación de la tasa de interés o del sistema de seguros de cambio para la deuda externa privada. Aprovechó la Ley de Compre Nacional que implicó que el Estado pagara sobreprecios amparados en esa norma. Contabilizó ganancias extraordinarias por su participación activa en privatizaciones, por ejemplo con su inversión en el consorcio de Telefónica que se quedó con la mitad de ENTel. La enajenación de activos estatales también afianzó el corazón de su grupo, la siderurgia, con su desembarco en empresas proveedoras de insumos básicos de esa actividad (producción y transporte de gas, petróleo y energía eléctrica) y con la compra de Somisa. Con las privatizaciones, el grupo logró acceder a un notable grado de integración vertical en el rubro energético y siderúrgico. Además, consiguió una concentración y diversificación de sus negocios que resultó en un extraordinario crecimiento patrimonial. De ese proceso de consolidación empresaria, para la familia Rocca fue fundamental apropiarse de Somisa porque pasaron a dominar un sector estratégico de la economía.
Previo a la privatización, Techint mantenía una relación privilegiada con Somisa, empresa estatal que le vendía la materia prima a precios más bajos que los vigentes en el mercado y le otorgaba subsidios directos, además de establecer acuerdos de precios en ciertos mercados donde ambas competían. Techint, con Siderca y Propulsora Siderúrgica, creció al amparo de los beneficios que, para el sector, implicaba el impulso que a la siderurgia transmitía Somisa. En los dos años anteriores a la privatización, Somisa se ubicaba entre las 30 empresas de mayor facturación anual del país; era la primera empresa en cuanto a su aporte a las exportaciones agregadas de productos siderúrgicos con aproximadamente un 35 por ciento del total; representaba cerca del 60 por ciento de la capacidad de reducción y producción de acero y más del 50 por ciento de la capacidad y la producción de acería; y en la fabricación de bienes finales tenía una presencia importante en la manufactura de distintos laminados no planos y, en especial, planos en frío y en caliente y monopolio en hojalata. Este detalle revela que Somisa tenía un elevado grado de integración vertical de su producción y ejercía un fuerte liderazgo en el mercado siderúrgico local. Su privatización fue una transferencia al grupo Techint de una empresa líder en exportaciones del sector y en distintas áreas del mercado del acero.
En estos días de tensión por la aspiración del Estado de ejercer en forma plena sus derechos políticos y económicos por su tenencia accionaria en Siderar (fusión de Siderca y Somisa), se presenta oportuna repasar esa privatización para poner en perspectiva ese debate y a la vez amortiguar embates excitados del establishment. Antes de la privatización, el interventor de la compañía, el sindicalista de los plásticos Jorge Triaca, realizó el “trabajo sucio” de reducir la plantilla. En diciembre de 1990, la planta sumaba 11.600 empleados; a fines de diciembre del año siguiente, sólo quedaban 5285. Esos despidos masivos provocaron una bonanza pasajera en San Nicolás y alrededores por las indemnizaciones cobradas y un boom de instalación de kioscos que luego la mayoría quebró. Además de esa “racionalización”, esa administración estatal provocó a un importante déficit económico-financiero. Somisa había registrado históricamente buenos desempeños económicos y a partir de la gestión de Juan Carlos Cattáneo, primero, y de Triaca, después, comenzó a contabilizar un déficit operativo de cerca de un millón de dólares por día, acumulando una deuda de unos 500 millones de dólares en apenas dos años. Esa pérdida estuvo asociada a la exportación de productos siderúrgicos a menos del 10 por ciento de su valor real a un trader extranjero y a la compra de gas, carbón, chatarra y otros insumos a precios muy superiores. Esos fuertes quebrantos prepararon el terreno para impulsar y justificar la venta, pero también para provocar una importante subvaluación de la compañía.
El proceso final de la privatización de Somisa fue encarado por una nueva intervención estatal a cargo de María Julia Alsogaray. La principal restricción del pliego de licitación fue prohibir la participación de dos empresas siderúrgicas locales (Acindar y Techint) en un mismo consorcio. Esos dos grupos lo resolvieron en forma sencilla: hubo una sola oferta presentada por el consorcio liderado por Techint, acompañado por las empresas brasileñas Usiminas y Campanhia Vale do Río Doce y la chilena Cap. Acindar ingresó a la empresa después de la licitación al adquirir las tenencias accionarias –minoritarias– que se encontraban en poder de un banco de capitales ingleses (el Chartered West LB Limited), desvirtuando así las condiciones originales de la privatización. Las bases de la venta fijaron que el 80 por ciento del paquete accionario quedaba en manos privadas y el 20 por ciento restante, al Programa de Propiedad Participada (PPP) para los trabajadores, porcentaje que facilitó el acompañamiento de la UOM a esa privatización. Esa tenencia fue luego licuada por operaciones de fusiones y ampliaciones de capital dispuestas por Techint. Con la enajenación de Somisa se consolidó un oligopolio siderúrgico local: el grupo Techint y Acindar pasaron a ejercer una posición dominante en ese mercado. Empresas de Techint monopolizaron la producción local de productos planos y de tubos sin costura, mientras que Acindar desplegó su hegemonía en el mercado de los no planos excluidos los tubos sin costura.
En el documento “Somisa. Una industria en reconversión”, de Juan A. E. González, se plantea el interrogante sobre cuánto se debería haber pagado por Somisa y lo efectivamente desembolsado por Techint. En esa investigación se precisa que la empresa acumulaba un stock de producción elevado que quedó para el nuevo dueño privado. La intervención había estimado un valor teórico de Somisa de 450 millones de dólares, mientras que la consultora contratada para su tasación lo elevó a un máximo de 750 millones. Finalmente, la única oferta fue por 152,1 millones de dólares, abonando en efectivo 140 millones de dólares –base fijada por el Gobierno– y el resto en títulos de la deuda pública. El pago era 100 millones al momento de la posesión y el resto en dos cuotas. En su investigación, Rodríguez se pregunta “¿cuánto pagó por la empresa Techint?” Responde que a esa cifra se le restó 130 millones de dólares, valor que se le dio al stock de producción acumulado, aunque señala que según estimaciones de los entonces diputados Pedro José Novau y Eduardo Santín, ese stock equivalía a 270 millones de dólares. “¿Un regalo no?”, provoca Rodríguez, además de informar que “al otro día de la licitación los nuevos dueños comenzaron a tener sus beneficios, cuando se les adjudicaron cinco créditos equivalentes a la misma suma que debían pagar por hacerse cargo de Somisa”.
Ante esta historia de estrechos y sospechosos vínculos con el Estado a lo largo de varias décadas, que le permitió consolidar un poderoso conglomerado empresario, la presencia de directores de la Anses en una empresa del grupo Techint es poco significativa en perspectiva a ese recorrido. El debate adquiriría más trascendencia si a partir del rechazo de la familia Rocca a la persona designada por el Estado para ser director de Siderar se provocara una revisión no prevista por el Gobierno de cómo se formó un oligopolio siderúrgico para terminar evaluando sus consecuencias sobre un sector estratégico para el desarrollo nacional.
lunes, 25 de abril de 2011
lunes, 18 de abril de 2011
DESPIDOS Y BONOS PARA SOLO 1900 TRABAJADORES DE TELEFONICA EN ESPAÑA
Les reproduzco esta información periodística.
Acá lo sobresaliente, además de la tremenda cantidad de despidos es que repartirá 450 millones de euros (640 millones de dólares) entre 1.900 empleados ejecutivos como incentivo.
Esto demuestra que se debe y se pueden pagar los bonos por nosotros reclamados.
Demuestra que tampoco corresponde sea sobre utilidades netas y que los porcentajes hasta ahora asignados son ínfimos.
Acá sigue la nota:
Telefónica echará a 6.400 trabajadores en España, pero premiará a ejecutivos
16/04/11 Despedirá el 20% del personal pero repartirá US$ 640 millones entre los jefes.
PorJuan Carlos Algañaraz
Madrid. Corresponsal
MADRID. LA EMPRESA OPERA EN 25 PAISES Y TIENE 287 MILLONES DE CLIENTES.
Etiquetas
Telefónica La mayor empresa española, Telefónica, anunció casi simultáneamente que despedirá el 20% de su personal en España, 6.400 trabajadores, y que repartirá 450 millones de euros (640 millones de dólares) entre 1.900 como incentivo. “El presidente de la empresa, César Alierta; el consejero delegado, Julio Linares, y el presidente de Telefónica para Latinoamérica, José María Alvarez Pallete, podrían repartirse entre los tres hasta 50 millones de euros en acciones de la empresa en un periodo de cinco años”, informa la agencia DPA. El año pasado, los tres altos ejecutivos ya habían recibo sus estímulos ya que cobraron 21,5 millones de dólares.
La reacción contra estas medidas, por parte de el gobierno, los sindicatos y los medios de comunicación, ha sido muy negativa. Muchos comentaristas han calificado las medidas de “escandalosamente injustas”.
En muchos medios de la derecha no se ocultó un sentimiento de rechazo en momentos en que la situación social es lamentable y peligrosa.
“No estoy de acuerdo. Más claro no puedo ser”, afirmó rotundamente el vicepresidente del gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La compañía tiene que pasar ahora por un Expediente de Reducción de Empleo ante el Ministerio de Trabajo. Su titular, Valeriano Gómez, rechazó los despedidos señalando que “no es un buen momento para ajustes de plantilla en un tamaño más importante”.
La tasa de desempleo española es la mayor de Europa, un 20% que duplica el promedio comunitario (10%). La tasa total de desocupados supera los 4.700.000 trabajadores y se aproxima peligrosamente a la barrera psicológica de los 5.000.000.
En total, Telefónica tiene unos 269.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 32.000 son de sus sedes en España. En 2010 la empresa aumentó el 30,8% de sus beneficios netos que, proclamaron sus directivos, “alcanzó una cifra récord de 10.167 millones de euros”. Unos 15.000 millones de dólares.
Telefónica opera en 25 países y tiene más de 287 millones de clientes. Ocupa la quinta posición mundial en telecomunicación a nivel mundial por capitalización bursátil.
El año pasado, los países latinoamericanos aportaron el 37% del total de ingresos del grupo, frente a un 31% de Europa, y el número de accesos aumentó en 2010 un 9% en América Latina y un 6,2% en Europa.
Los empleados en España no tienen mucho que festejar. La gigantesca compañía, que es casi un monopolio en España, anunció los despidos debido a que sus resultados españoles se han visto afectado “por un entorno económico difícil” aludiendo a la crisis económica. La cifra de sus operaciones descendió un 5% anual en estos dos últimos años.
A la medida del recorte de la plantilla se añade una reducción del 6% de los miembros de la dirección de la división española, esfuerzos para aumentar la productividad de los empleados y la venta de “activos no estratégicos” en el ámbito inmobiliario por valor de 600 millones de euros.
Los sindicatos e Izquierda Unida han sido las voces más críticas. “Francamente, me parece que tal y como ha anunciado la dirección de Telefónica, la reducción de plantilla y el aumento de los incentivos a los directivos, lo que ha hecho ha sido trasladar una imagen sangrante y sonrojante”, manifestó el secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.
El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados denunció un “capitalismo sociópata” que “no tiene responsabilidad social” y “tiene grandes ‘bonus’ para sus gestores”.
El proceso de reducción de empleo de Telefónica en España se inició en 1993, pero contando sólo los Expedientes de Regulación de Empleo de lo que ya va de siglo la plantilla ha adelgazado en 15.000 trabajadores, de forma voluntaria y con bajas incentivadas, que se unen a los 10.000 del último Expendiente de Regulación del siglo XX de la operadora, que fue en 1999.
Acá lo sobresaliente, además de la tremenda cantidad de despidos es que repartirá 450 millones de euros (640 millones de dólares) entre 1.900 empleados ejecutivos como incentivo.
Esto demuestra que se debe y se pueden pagar los bonos por nosotros reclamados.
Demuestra que tampoco corresponde sea sobre utilidades netas y que los porcentajes hasta ahora asignados son ínfimos.
Acá sigue la nota:
Telefónica echará a 6.400 trabajadores en España, pero premiará a ejecutivos
16/04/11 Despedirá el 20% del personal pero repartirá US$ 640 millones entre los jefes.
PorJuan Carlos Algañaraz
Madrid. Corresponsal
MADRID. LA EMPRESA OPERA EN 25 PAISES Y TIENE 287 MILLONES DE CLIENTES.
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Telefónica La mayor empresa española, Telefónica, anunció casi simultáneamente que despedirá el 20% de su personal en España, 6.400 trabajadores, y que repartirá 450 millones de euros (640 millones de dólares) entre 1.900 como incentivo. “El presidente de la empresa, César Alierta; el consejero delegado, Julio Linares, y el presidente de Telefónica para Latinoamérica, José María Alvarez Pallete, podrían repartirse entre los tres hasta 50 millones de euros en acciones de la empresa en un periodo de cinco años”, informa la agencia DPA. El año pasado, los tres altos ejecutivos ya habían recibo sus estímulos ya que cobraron 21,5 millones de dólares.
La reacción contra estas medidas, por parte de el gobierno, los sindicatos y los medios de comunicación, ha sido muy negativa. Muchos comentaristas han calificado las medidas de “escandalosamente injustas”.
En muchos medios de la derecha no se ocultó un sentimiento de rechazo en momentos en que la situación social es lamentable y peligrosa.
“No estoy de acuerdo. Más claro no puedo ser”, afirmó rotundamente el vicepresidente del gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La compañía tiene que pasar ahora por un Expediente de Reducción de Empleo ante el Ministerio de Trabajo. Su titular, Valeriano Gómez, rechazó los despedidos señalando que “no es un buen momento para ajustes de plantilla en un tamaño más importante”.
La tasa de desempleo española es la mayor de Europa, un 20% que duplica el promedio comunitario (10%). La tasa total de desocupados supera los 4.700.000 trabajadores y se aproxima peligrosamente a la barrera psicológica de los 5.000.000.
En total, Telefónica tiene unos 269.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 32.000 son de sus sedes en España. En 2010 la empresa aumentó el 30,8% de sus beneficios netos que, proclamaron sus directivos, “alcanzó una cifra récord de 10.167 millones de euros”. Unos 15.000 millones de dólares.
Telefónica opera en 25 países y tiene más de 287 millones de clientes. Ocupa la quinta posición mundial en telecomunicación a nivel mundial por capitalización bursátil.
El año pasado, los países latinoamericanos aportaron el 37% del total de ingresos del grupo, frente a un 31% de Europa, y el número de accesos aumentó en 2010 un 9% en América Latina y un 6,2% en Europa.
Los empleados en España no tienen mucho que festejar. La gigantesca compañía, que es casi un monopolio en España, anunció los despidos debido a que sus resultados españoles se han visto afectado “por un entorno económico difícil” aludiendo a la crisis económica. La cifra de sus operaciones descendió un 5% anual en estos dos últimos años.
A la medida del recorte de la plantilla se añade una reducción del 6% de los miembros de la dirección de la división española, esfuerzos para aumentar la productividad de los empleados y la venta de “activos no estratégicos” en el ámbito inmobiliario por valor de 600 millones de euros.
Los sindicatos e Izquierda Unida han sido las voces más críticas. “Francamente, me parece que tal y como ha anunciado la dirección de Telefónica, la reducción de plantilla y el aumento de los incentivos a los directivos, lo que ha hecho ha sido trasladar una imagen sangrante y sonrojante”, manifestó el secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.
El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados denunció un “capitalismo sociópata” que “no tiene responsabilidad social” y “tiene grandes ‘bonus’ para sus gestores”.
El proceso de reducción de empleo de Telefónica en España se inició en 1993, pero contando sólo los Expedientes de Regulación de Empleo de lo que ya va de siglo la plantilla ha adelgazado en 15.000 trabajadores, de forma voluntaria y con bajas incentivadas, que se unen a los 10.000 del último Expendiente de Regulación del siglo XX de la operadora, que fue en 1999.
jueves, 24 de febrero de 2011
A PESAR DE ESTO NOS QUIEREN PAGAR SOLO EL 0,5% DE LAS GANANCIAS
iEco, Clarín.com, en http://www.ieco.clarin.com/economia/Ganancias-record-Telecom_0_216300005.html
Economía23 FEB 2011 / 08:05h
Telefonía
Ganancias récord de Telecom en 2010
Ganó $ 1.821 millones en 2010, un 30% más que en 2009 , cuando su rédito neto fue de $ 1.405 millones. Con esta ganancia, el 2010 fue el mejor año de los 20 que Telecom lleva en el país.
Con la bendición oficial para compartir dueños españoles con Telefónica, Telecom ganó $ 1.821 millones en 2010, un 30% más que en 2009 , cuando su rédito neto fue de $ 1.405 millones. Con esta ganancia, el 2010 fue el mejor año de los 20 que Telecom lleva en el país.
En 2010, las ventas treparon un 20%: de $ 12.226 millones en 2009 a $ 14.679 millones en 2010.
Todos los negocios de la empresa crecieron a doble dígito , salvo telefonía fija. De todas formas, los de mayor alza interanual fueron acceso a Internet (con la marca Arnet, las ventas subieron un 30%) y telefonía celular (con Personal, que logró ingresos por $ 9.501 millones, un 25% más que en 2009).
A la compañía –como a sus competidoras– no les alcanza el espectro de telecomunicaciones que tiene hasta ahora, por lo que planea presentarse a dos licitaciones a las que llamará el Gobierno próximamente. Esa situación representará mayores costos durante este año, como también “la presión de la inflación es evidente” , según explicó Bertone. “Tenemos 10% de desfasaje entre los costos de los consumos (los minutos que se cobran a los usuarios) y los costos nuestros (como los salariales, cuya paritaria será a mediados de año).
Telecom también sacó provecho del conflicto que el Gobierno le planteó a Fibertel (la proveedora de acceso a Internet de Cablevisión, una empresa del Grupo Clarín ). “Ellos hicieron un buen 2010, mejor que otros años . Pero en el último trimestre, fue cuando nuestro crecimiento (con Arnet) fue mayor . No hubo factores externos, ni veo efectos concretos de los temas no comerciales”, detalló Bertone, tratando de bajarle el tono al asunto, pero recalcando que los mejores meses de Arnet coincidieron con los que el Gobierno embistió contra Fibertel. El Poder Ejecutivo decidió la caducidad de la licencia de Fibertel en agosto, algo que está detenido en la Justicia.
A fines de año, las compañías deben concretar la portabilidad numérica, que es el derecho de cada usuario a conservar su número de teléfono aún si cambian de compañía.
Telecom está en manos de Telecom Italia y los Werthein. Estos últimos quisieron expulsar a los italianos de la empresa, ya que la filial italiana tiene como accionista controlante a Telefónica de España. Luego de un largo litigio, los italianos compraron una parte de los Werthein y realizaron una reforma estatutaria para que el Gobierno aprobara la operación. Defensa de la Competencia aprobó la unión de los accionistas de Telecom con los de Telefónica.
Economía23 FEB 2011 / 08:05h
Telefonía
Ganancias récord de Telecom en 2010
Ganó $ 1.821 millones en 2010, un 30% más que en 2009 , cuando su rédito neto fue de $ 1.405 millones. Con esta ganancia, el 2010 fue el mejor año de los 20 que Telecom lleva en el país.
Con la bendición oficial para compartir dueños españoles con Telefónica, Telecom ganó $ 1.821 millones en 2010, un 30% más que en 2009 , cuando su rédito neto fue de $ 1.405 millones. Con esta ganancia, el 2010 fue el mejor año de los 20 que Telecom lleva en el país.
En 2010, las ventas treparon un 20%: de $ 12.226 millones en 2009 a $ 14.679 millones en 2010.
Todos los negocios de la empresa crecieron a doble dígito , salvo telefonía fija. De todas formas, los de mayor alza interanual fueron acceso a Internet (con la marca Arnet, las ventas subieron un 30%) y telefonía celular (con Personal, que logró ingresos por $ 9.501 millones, un 25% más que en 2009).
A la compañía –como a sus competidoras– no les alcanza el espectro de telecomunicaciones que tiene hasta ahora, por lo que planea presentarse a dos licitaciones a las que llamará el Gobierno próximamente. Esa situación representará mayores costos durante este año, como también “la presión de la inflación es evidente” , según explicó Bertone. “Tenemos 10% de desfasaje entre los costos de los consumos (los minutos que se cobran a los usuarios) y los costos nuestros (como los salariales, cuya paritaria será a mediados de año).
Telecom también sacó provecho del conflicto que el Gobierno le planteó a Fibertel (la proveedora de acceso a Internet de Cablevisión, una empresa del Grupo Clarín ). “Ellos hicieron un buen 2010, mejor que otros años . Pero en el último trimestre, fue cuando nuestro crecimiento (con Arnet) fue mayor . No hubo factores externos, ni veo efectos concretos de los temas no comerciales”, detalló Bertone, tratando de bajarle el tono al asunto, pero recalcando que los mejores meses de Arnet coincidieron con los que el Gobierno embistió contra Fibertel. El Poder Ejecutivo decidió la caducidad de la licencia de Fibertel en agosto, algo que está detenido en la Justicia.
A fines de año, las compañías deben concretar la portabilidad numérica, que es el derecho de cada usuario a conservar su número de teléfono aún si cambian de compañía.
Telecom está en manos de Telecom Italia y los Werthein. Estos últimos quisieron expulsar a los italianos de la empresa, ya que la filial italiana tiene como accionista controlante a Telefónica de España. Luego de un largo litigio, los italianos compraron una parte de los Werthein y realizaron una reforma estatutaria para que el Gobierno aprobara la operación. Defensa de la Competencia aprobó la unión de los accionistas de Telecom con los de Telefónica.
martes, 7 de diciembre de 2010
Temas de debate: El reparto de las ganancias corporativas con los trabajadores
Publicado en Pagina 12
Economía | Lunes, 6 de diciembre de 2010
La participación de los empleados en las ganancias de las compañías es tan antigua como el desarrollo del capitalismo. En la Unión Europea, el 18 por ciento de las empresas y el 35 por ciento de los trabajadores se encuentran bajo esta modalidad.
Producción: Tomás Lukin
debate@pagina12.com.ar
Ventajas significativas
Por Daniel Kostzer *
El salario es la retribución que recibe el trabajador a cambio de utilizar su tiempo y fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios. Esta retribución tiene por objetivo garantizar la supervivencia del trabajador y su familia, por lo que debe tomar en cuenta las necesidades del grupo familiar en su nivel mínimo. A partir del intercambio mercantil de los mismos es que se genera el plusvalor, que habitualmente es apropiado por los empresarios, incrementando las retribuciones normales al capital, a los derechos de propiedad e inclusive a la capacidad empresaria. Los trabajadores están excluidos de esta retribución, a pesar de ser pieza clave en la generación del mismo.
La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es tan antigua como el desarrollo del capitalismo en las postrimerías del siglo XVIII, cuando el desarrollo de destrezas para manejar tecnologías nuevas e insertarse en procesos más complejos requería una mayor fidelidad del trabajador con la empresa. Este sistema de participar al sector asalariado en las ganancias empresarias se hizo muy difundido, justamente en empresas de mayor sofisticación productiva de Europa, Estados Unidos, e inclusive Japón.
El pensamiento económico ortodoxo plantea que el salario debe reflejar la productividad del trabajo, y como se sabe, la productividad es un indicador que tiene cierta dificultad para ser establecido de manera ex ante. En este sentido la ganancia de la firma es la expresión más ostensible de la productividad total de los factores que convergen en el proceso productivo.
Durante su presidencia de la UE a comienzos de los ’90, Jacques Delores implementó un sistema de monitoreo de la participación de los trabajadores en las ganancias. El informe Pepper (Participación de los empleados en las ganancias y los resultados de las empresas), casi 20 años después y en el cuarto volumen de su lanzamiento, encuentra que en la UE el 18 por ciento de las empresas y el 35 por ciento de los trabajadores se encuentran bajo esta modalidad.
La participación de los trabajadores en las ganancias puede tener la forma de porcentaje sobre el excedente bruto de la explotación, que es la más difundida, o la de propiedad de una cuota parte (acciones) de la empresa. La diferencia no es sutil, ya que la segunda incluye una participación activa en decisiones de la empresa. Esta puede ser individual del trabajador, o colectiva del conjunto o el sindicato. Además de la necesidad de honrar el espíritu del constituyente que lo incluyó en el artículo 14 bis, la distribución de las ganancias a los empleados tiene ventajas significativas para los empleadores y trabajadores, generando procesos de articulación e integración social importantes.
Para los empleadores esta práctica redunda en impactos positivos en el control de los costos de producción por ineficiencias materiales o de tiempo. Dependiendo de las normativas legales, reduce el pago de impuestos a las rentas, o permite exenciones si el Estado las promociona. Por otra parte retiene y atrae a trabajadores calificados, dotando de una fidelidad y apego adicional a la empresa por esta práctica, a la vez que suma a los mismos a proyectos más colaborativos con la firma. Ejemplo de esto son casos en Europa, donde sindicatos negociaron reducción de jornada y pagos a cambio de acciones en la reciente crisis.
Para los trabajadores esta situación promueve el interés obrero en la empresa, a la vez que genera ingresos y ahorro futuro para los mismos. Desde el punto de vista sistémico, mejora la distribución funcional del ingreso, deuda pendiente en nuestro país, así como controla las ganancias calculadas para la tributación.
Sin embargo no hay que dejar de considerar que la implementación de un esquema de este tipo requiere de instituciones muy fuertes y consolidadas, para evitar imperfecciones. Debe estar generalizado a todos los trabajadores de la empresa, al margen del contenido en el proceso productivo, e institucionalizado por una ley y ordenamientos reglamentarios claros. No debe reflejar exclusivamente la remuneración de los individuos, sino las horas trabajadas, asumiendo la contribución de todos a la generación del excedente, al margen de los salarios.
A su vez debe tener ámbitos arbitrales públicos, rápidos y transparentes, evitando la complejidad de la judicialización del proceso y tener formas de cálculo claras y no sujetas a interpretaciones. En este sentido, el Estado debe garantizar el acceso a la información y la formación de los negociadores obreros, lo cual legitima el procedimiento. La búsqueda de la equidad no tiene una “bala de plata” que sirve para todo, sino que se constituye por un conglomerado de intervenciones públicas en esa dirección. Esta iniciativa promovida por la Legislatura nacional forma parte importante de esa construcción.
* PNUD Argentina y Plan Fénix.
Es un avance
Por Ariel Lieutier *
Luego de la crisis del 2001 y la devaluación del 2002, al desempleo masivo se le sumó una perdida de los salarios reales del 40 por ciento. A partir del año 2003, la estrategia distributiva del Gobierno se centró principalmente en la integración (en muchos casos retorno) de vastas porciones de la sociedad al mundo del trabajo. Esto fue acompañado por la reapertura de las negociaciones colectivas de trabajo como instrumento de recuperación salarial. A partir de entonces, se inició una suerte de carrera de los salarios contra la inflación.
Los resultados de esta estrategia son conocidos: el descenso de la desocupación del 26 al 7,5 por ciento y la recuperación de gran parte del poder adquisitivo perdido. Respecto de este punto, cabe destacar que hasta el 2007 la estrategia de aumentos salariales superiores a la inflación permitió un crecimiento acelerado de los salarios reales. Sin embargo, a partir de ese año el resultado de dicha carrera fue incierto, y estuvo ligado a las características del puesto de trabajo en términos de formalidad y sector.
En 2009, el Gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo (AUH), que implicó un complemento a esta estrategia a partir de transferencias directas a los desocupados y a los trabajadores informales. Los efectos positivos de la AUH para la reducción de la indigencia, la pobreza y la desigualdad han sido largamente demostrados a partir de diversos estudios. En este contexto, la presentación de distintos proyectos de ley, entre los que se destaca el del diputado nacional Héctor Recalde, tendientes a lograr el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo referente a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, no sólo representa el reconocimiento de un derecho constitucional postergado, sino que implica una diversificación de la estrategia distributiva.
Resulta dificultoso calcular el impacto que podría tener dicha medida dadas las complejidades que pueden aparecer en su aplicación. En primer lugar porque, según el proyecto Recalde, la definición de las empresas alcanzadas deberá ser resuelta por un consejo con representación tripartita (Estado, empresas y trabajadores) creado a tal fin. En segunda instancia, porque el proyecto prevé que hasta el 50 por ciento de las ganancias netas anuales pueden ser reinvertidas y excluidas de la distribución. Sin embargo, en función de los datos de recaudación del impuesto a las ganancias de las sociedades, es posible calcular de manera preliminar que, si estuviera vigente el proyecto, en el 2010 podrían haberse distribuido entre 5000 y 9500 millones de pesos.
Más allá de estas digresiones, una distribución de dichas magnitudes contribuiría al sostenimiento de la demanda y a dinamizar la economía. Tendría además efectos positivos en términos de la distribución funcional del ingreso, es decir aquella que mide cuánto de la riqueza generada queda para el trabajo asalariado y cuánto para el capital. Respecto de la distribución personal del ingreso, aquella que indica cómo se distribuye la riqueza al interior de la población, significaría una transferencia de los hogares ubicados en los primeros deciles hacia los ubicados en los sectores medios. Efectivamente, es de esperar que la distribución de ganancias tenga mayor impacto sobre aquellos trabajadores que se ubican por encima del salario neto promedio de los empleados en blanco ocupados en el sector privado (3652 pesos), y cuyos hogares (según datos del Indec) se encuentran en los niveles medios y medio altos.
Con el objeto de extender el beneficio a otros sectores, el proyecto de Recalde prevé la creación de un Fondo Solidario, constituido por el 5 por ciento del monto a redistribuir, destinado a dar cobertura a aquellos trabajadores informales que denuncien su situación irregular. Si bien no se le debe exigir a una medida que resuelva todos los problemas distributivos, la mejor forma de hacer partícipes de las ganancias de las empresas a los deciles más bajos es a través del fortalecimiento de la AUH. Así, por ejemplo, con la constitución de un fondo solidario a partir del 10 por ciento de las ganancias a distribuir sería posible otorgar un pago adicional anual a los beneficiarios de la AUH (una suerte de aguinaldo), que podría rondar entre el 50 y el 100 por ciento del valor mensual que recibe cada beneficiario.
Más allá de las mejoras que puedan realizarse a los proyectos, el solo hecho de estar instalado este debate representa un gran avance en el camino hacia la justicia social y hacia la consagración de derechos plasmados en la Constitución Nacional.
* Licenciado en Economía (UBA). Coordinador del Departamento de Trabajo y Empleo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.
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Economía | Lunes, 6 de diciembre de 2010
La participación de los empleados en las ganancias de las compañías es tan antigua como el desarrollo del capitalismo. En la Unión Europea, el 18 por ciento de las empresas y el 35 por ciento de los trabajadores se encuentran bajo esta modalidad.
Producción: Tomás Lukin
debate@pagina12.com.ar
Ventajas significativas
Por Daniel Kostzer *
El salario es la retribución que recibe el trabajador a cambio de utilizar su tiempo y fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios. Esta retribución tiene por objetivo garantizar la supervivencia del trabajador y su familia, por lo que debe tomar en cuenta las necesidades del grupo familiar en su nivel mínimo. A partir del intercambio mercantil de los mismos es que se genera el plusvalor, que habitualmente es apropiado por los empresarios, incrementando las retribuciones normales al capital, a los derechos de propiedad e inclusive a la capacidad empresaria. Los trabajadores están excluidos de esta retribución, a pesar de ser pieza clave en la generación del mismo.
La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es tan antigua como el desarrollo del capitalismo en las postrimerías del siglo XVIII, cuando el desarrollo de destrezas para manejar tecnologías nuevas e insertarse en procesos más complejos requería una mayor fidelidad del trabajador con la empresa. Este sistema de participar al sector asalariado en las ganancias empresarias se hizo muy difundido, justamente en empresas de mayor sofisticación productiva de Europa, Estados Unidos, e inclusive Japón.
El pensamiento económico ortodoxo plantea que el salario debe reflejar la productividad del trabajo, y como se sabe, la productividad es un indicador que tiene cierta dificultad para ser establecido de manera ex ante. En este sentido la ganancia de la firma es la expresión más ostensible de la productividad total de los factores que convergen en el proceso productivo.
Durante su presidencia de la UE a comienzos de los ’90, Jacques Delores implementó un sistema de monitoreo de la participación de los trabajadores en las ganancias. El informe Pepper (Participación de los empleados en las ganancias y los resultados de las empresas), casi 20 años después y en el cuarto volumen de su lanzamiento, encuentra que en la UE el 18 por ciento de las empresas y el 35 por ciento de los trabajadores se encuentran bajo esta modalidad.
La participación de los trabajadores en las ganancias puede tener la forma de porcentaje sobre el excedente bruto de la explotación, que es la más difundida, o la de propiedad de una cuota parte (acciones) de la empresa. La diferencia no es sutil, ya que la segunda incluye una participación activa en decisiones de la empresa. Esta puede ser individual del trabajador, o colectiva del conjunto o el sindicato. Además de la necesidad de honrar el espíritu del constituyente que lo incluyó en el artículo 14 bis, la distribución de las ganancias a los empleados tiene ventajas significativas para los empleadores y trabajadores, generando procesos de articulación e integración social importantes.
Para los empleadores esta práctica redunda en impactos positivos en el control de los costos de producción por ineficiencias materiales o de tiempo. Dependiendo de las normativas legales, reduce el pago de impuestos a las rentas, o permite exenciones si el Estado las promociona. Por otra parte retiene y atrae a trabajadores calificados, dotando de una fidelidad y apego adicional a la empresa por esta práctica, a la vez que suma a los mismos a proyectos más colaborativos con la firma. Ejemplo de esto son casos en Europa, donde sindicatos negociaron reducción de jornada y pagos a cambio de acciones en la reciente crisis.
Para los trabajadores esta situación promueve el interés obrero en la empresa, a la vez que genera ingresos y ahorro futuro para los mismos. Desde el punto de vista sistémico, mejora la distribución funcional del ingreso, deuda pendiente en nuestro país, así como controla las ganancias calculadas para la tributación.
Sin embargo no hay que dejar de considerar que la implementación de un esquema de este tipo requiere de instituciones muy fuertes y consolidadas, para evitar imperfecciones. Debe estar generalizado a todos los trabajadores de la empresa, al margen del contenido en el proceso productivo, e institucionalizado por una ley y ordenamientos reglamentarios claros. No debe reflejar exclusivamente la remuneración de los individuos, sino las horas trabajadas, asumiendo la contribución de todos a la generación del excedente, al margen de los salarios.
A su vez debe tener ámbitos arbitrales públicos, rápidos y transparentes, evitando la complejidad de la judicialización del proceso y tener formas de cálculo claras y no sujetas a interpretaciones. En este sentido, el Estado debe garantizar el acceso a la información y la formación de los negociadores obreros, lo cual legitima el procedimiento. La búsqueda de la equidad no tiene una “bala de plata” que sirve para todo, sino que se constituye por un conglomerado de intervenciones públicas en esa dirección. Esta iniciativa promovida por la Legislatura nacional forma parte importante de esa construcción.
* PNUD Argentina y Plan Fénix.
Es un avance
Por Ariel Lieutier *
Luego de la crisis del 2001 y la devaluación del 2002, al desempleo masivo se le sumó una perdida de los salarios reales del 40 por ciento. A partir del año 2003, la estrategia distributiva del Gobierno se centró principalmente en la integración (en muchos casos retorno) de vastas porciones de la sociedad al mundo del trabajo. Esto fue acompañado por la reapertura de las negociaciones colectivas de trabajo como instrumento de recuperación salarial. A partir de entonces, se inició una suerte de carrera de los salarios contra la inflación.
Los resultados de esta estrategia son conocidos: el descenso de la desocupación del 26 al 7,5 por ciento y la recuperación de gran parte del poder adquisitivo perdido. Respecto de este punto, cabe destacar que hasta el 2007 la estrategia de aumentos salariales superiores a la inflación permitió un crecimiento acelerado de los salarios reales. Sin embargo, a partir de ese año el resultado de dicha carrera fue incierto, y estuvo ligado a las características del puesto de trabajo en términos de formalidad y sector.
En 2009, el Gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo (AUH), que implicó un complemento a esta estrategia a partir de transferencias directas a los desocupados y a los trabajadores informales. Los efectos positivos de la AUH para la reducción de la indigencia, la pobreza y la desigualdad han sido largamente demostrados a partir de diversos estudios. En este contexto, la presentación de distintos proyectos de ley, entre los que se destaca el del diputado nacional Héctor Recalde, tendientes a lograr el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo referente a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, no sólo representa el reconocimiento de un derecho constitucional postergado, sino que implica una diversificación de la estrategia distributiva.
Resulta dificultoso calcular el impacto que podría tener dicha medida dadas las complejidades que pueden aparecer en su aplicación. En primer lugar porque, según el proyecto Recalde, la definición de las empresas alcanzadas deberá ser resuelta por un consejo con representación tripartita (Estado, empresas y trabajadores) creado a tal fin. En segunda instancia, porque el proyecto prevé que hasta el 50 por ciento de las ganancias netas anuales pueden ser reinvertidas y excluidas de la distribución. Sin embargo, en función de los datos de recaudación del impuesto a las ganancias de las sociedades, es posible calcular de manera preliminar que, si estuviera vigente el proyecto, en el 2010 podrían haberse distribuido entre 5000 y 9500 millones de pesos.
Más allá de estas digresiones, una distribución de dichas magnitudes contribuiría al sostenimiento de la demanda y a dinamizar la economía. Tendría además efectos positivos en términos de la distribución funcional del ingreso, es decir aquella que mide cuánto de la riqueza generada queda para el trabajo asalariado y cuánto para el capital. Respecto de la distribución personal del ingreso, aquella que indica cómo se distribuye la riqueza al interior de la población, significaría una transferencia de los hogares ubicados en los primeros deciles hacia los ubicados en los sectores medios. Efectivamente, es de esperar que la distribución de ganancias tenga mayor impacto sobre aquellos trabajadores que se ubican por encima del salario neto promedio de los empleados en blanco ocupados en el sector privado (3652 pesos), y cuyos hogares (según datos del Indec) se encuentran en los niveles medios y medio altos.
Con el objeto de extender el beneficio a otros sectores, el proyecto de Recalde prevé la creación de un Fondo Solidario, constituido por el 5 por ciento del monto a redistribuir, destinado a dar cobertura a aquellos trabajadores informales que denuncien su situación irregular. Si bien no se le debe exigir a una medida que resuelva todos los problemas distributivos, la mejor forma de hacer partícipes de las ganancias de las empresas a los deciles más bajos es a través del fortalecimiento de la AUH. Así, por ejemplo, con la constitución de un fondo solidario a partir del 10 por ciento de las ganancias a distribuir sería posible otorgar un pago adicional anual a los beneficiarios de la AUH (una suerte de aguinaldo), que podría rondar entre el 50 y el 100 por ciento del valor mensual que recibe cada beneficiario.
Más allá de las mejoras que puedan realizarse a los proyectos, el solo hecho de estar instalado este debate representa un gran avance en el camino hacia la justicia social y hacia la consagración de derechos plasmados en la Constitución Nacional.
* Licenciado en Economía (UBA). Coordinador del Departamento de Trabajo y Empleo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.
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martes, 2 de noviembre de 2010
La puja por las ganancias seguirá
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Economía | Lunes, 1 de noviembre de 2010
El diputado oficialista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, confirmó que la UIA pidió una prórroga por el duelo. Por la noche, Hugo Moyano, reafirmó esa postura en televisión. Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial, coincidió.
El diputado oficialista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, confirmó que la UIA pidió una prórroga por el duelo. Por la noche, Hugo Moyano, reafirmó esa postura en televisión. Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial, coincidió.
“Una semana, quince días, no altera la vida institucional”, afirmó Recalde.
El diputado oficialista Héctor Recalde aseguró ayer que el tratamiento del proyecto de ley para distribuir ganancias empresarias entre los trabajadores no está congelado y continuará en análisis en el Congreso, pero confirmó la suspensión de la reunión con la Unión Industrial Argentina (UIA) para discutir la norma tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Por la noche, Hugo Moyano reafirmó esa postura en la Televisión Pública. En la misma sintonía, el titular de la UIA, Héctor Méndez, rechazó que haya pactado freezar la iniciativa, duramente cuestionada por la central fabril.
Recalde aclaró que el titular de la UIA pidió que se suspenda la reunión prevista para el martes en la Comisión de Legislación Laboral de Diputados para discutir la iniciativa por el duelo. “Me pareció sensato. Hasta a mí me vino bien porque uno no está en condiciones emocionales de ponerse a discutir cuestiones importantes cuando está sufriendo una pérdida, pero no significa que se suspenda el tratamiento del proyecto”, remarcó en declaraciones radiales. “Yo solamente dije que estábamos de duelo, que no era oportuno que el martes nos juntáramos pero por un problema del duelo, la gente no está con ganas de ir a pelear las cosas”, reconoció ayer el propio Méndez.
Recalde, quien también es asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT), consideró que el encuentro del jueves pasado entre el titular de la CGT, Hugo Moyano, y Méndez, luego de haber participado ambos del velatorio de Kirchner, fue un avance. “Ha habido un paso importante que fue el acercamiento que hubo con algunos sectores empresarios, como el encuentro con la UIA, que algunos medios distorsionan. Es bueno retomar una agenda que había quedado interrumpida de temas macro que hacen a la necesidad de un consenso social, pero de ninguna manera esto impide la evolución de situaciones que se vienen dando”, afirmó.
Méndez, por su parte, definió la reunión con Moyano como “una charla informal” en la cual “se habló de poder trabajar en conjunto otorgando seguridades y garantías, de que es un período donde todos tenemos que colaborar con el diálogo”. “Ambos decidimos que había que sentarse en la mesa, veremos cómo sigue en los próximos días, pero por ahora dimos la señal, que es importante para la sociedad, de que nosotros podíamos sentarnos a la mesa y negociar”, subrayó.
Méndez y Moyano reflotaron el jueves la idea de impulsar el Consejo Económico y Social. Ese espacio había sido pensado para que confluyan empresarios, sindicatos y el Gobierno. La propuesta surgió durante el tramo final de la presidencia de Néstor Kirchner y luego fue anunciada por la propia presidenta Cristina Fernández, pero nunca pudo llegar a buen puerto. Luego de la crisis con el sector agropecuario, incluso se intentó incluir a los referentes de la Mesa de Enlace, quienes desistieron del convite.
“La idea es que analicemos todos los temas que están en agenda, incluido el reparto de las ganancias, y que intentemos consensuar, ¿sino para qué conversamos? ”, sostuvo Moyano anoche. Recalde igual insistió ayer en que el proyecto para repartir el 10 por ciento de las ganancias empresarias entre los trabajadores no quedó freezado, y garantizó que “va a seguir su tratamiento, su evolución, y paralelamente la CGT tratará de llegar a un acuerdo con sectores empresarios en un montón de materias”. “El proyecto se sigue tratando con los mismos tiempos de antes. Una semana, quince días, no altera la vida institucional. Era imposible el tratamiento en noviembre por los términos legislativos, por los temas pendientes, por lo cual a mí no me preocupa ni me causó ninguna consecuencia dañosa suspender la reunión con el sector empresario”, concluyó.
Inicialmente estaba prevista la reunión en la comisión de Legislación del Trabajo en Diputados para el martes 19 de octubre, pero el convite debió ser suspendido ante la ausencia de interlocutores del sector empresario. Horas antes de la reunión, los representantes de las principales entidades que integran el denominado Grupo de los Seis (G-6) acordaron faltar a la cita. A éstos se sumaron otras entidades que también manifestaron su rechazo al proyecto. En ese momento, justificaron sus ausencias debido a la “poca anticipación” con la que fueron anoticiadas. No obstante, lo que buscan es tiempo para delinear una contraofensiva para dejar sin efecto el proyecto sobre la base de algunos artículos de la Constitución que, según dicen, les dan la razón. Además de resistir el reparto de ganancias, los empresarios ponen fuerte resistencia a que se conozcan públicamente sus balances. La muerte del ex presidente Kirchner les dio ahora un poco más de tiempo para definir su estrategia, pero todo indica que la reunión finalmente terminará concretándose.
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Economía | Lunes, 1 de noviembre de 2010
El diputado oficialista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, confirmó que la UIA pidió una prórroga por el duelo. Por la noche, Hugo Moyano, reafirmó esa postura en televisión. Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial, coincidió.
El diputado oficialista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, confirmó que la UIA pidió una prórroga por el duelo. Por la noche, Hugo Moyano, reafirmó esa postura en televisión. Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial, coincidió.
“Una semana, quince días, no altera la vida institucional”, afirmó Recalde.
El diputado oficialista Héctor Recalde aseguró ayer que el tratamiento del proyecto de ley para distribuir ganancias empresarias entre los trabajadores no está congelado y continuará en análisis en el Congreso, pero confirmó la suspensión de la reunión con la Unión Industrial Argentina (UIA) para discutir la norma tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Por la noche, Hugo Moyano reafirmó esa postura en la Televisión Pública. En la misma sintonía, el titular de la UIA, Héctor Méndez, rechazó que haya pactado freezar la iniciativa, duramente cuestionada por la central fabril.
Recalde aclaró que el titular de la UIA pidió que se suspenda la reunión prevista para el martes en la Comisión de Legislación Laboral de Diputados para discutir la iniciativa por el duelo. “Me pareció sensato. Hasta a mí me vino bien porque uno no está en condiciones emocionales de ponerse a discutir cuestiones importantes cuando está sufriendo una pérdida, pero no significa que se suspenda el tratamiento del proyecto”, remarcó en declaraciones radiales. “Yo solamente dije que estábamos de duelo, que no era oportuno que el martes nos juntáramos pero por un problema del duelo, la gente no está con ganas de ir a pelear las cosas”, reconoció ayer el propio Méndez.
Recalde, quien también es asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT), consideró que el encuentro del jueves pasado entre el titular de la CGT, Hugo Moyano, y Méndez, luego de haber participado ambos del velatorio de Kirchner, fue un avance. “Ha habido un paso importante que fue el acercamiento que hubo con algunos sectores empresarios, como el encuentro con la UIA, que algunos medios distorsionan. Es bueno retomar una agenda que había quedado interrumpida de temas macro que hacen a la necesidad de un consenso social, pero de ninguna manera esto impide la evolución de situaciones que se vienen dando”, afirmó.
Méndez, por su parte, definió la reunión con Moyano como “una charla informal” en la cual “se habló de poder trabajar en conjunto otorgando seguridades y garantías, de que es un período donde todos tenemos que colaborar con el diálogo”. “Ambos decidimos que había que sentarse en la mesa, veremos cómo sigue en los próximos días, pero por ahora dimos la señal, que es importante para la sociedad, de que nosotros podíamos sentarnos a la mesa y negociar”, subrayó.
Méndez y Moyano reflotaron el jueves la idea de impulsar el Consejo Económico y Social. Ese espacio había sido pensado para que confluyan empresarios, sindicatos y el Gobierno. La propuesta surgió durante el tramo final de la presidencia de Néstor Kirchner y luego fue anunciada por la propia presidenta Cristina Fernández, pero nunca pudo llegar a buen puerto. Luego de la crisis con el sector agropecuario, incluso se intentó incluir a los referentes de la Mesa de Enlace, quienes desistieron del convite.
“La idea es que analicemos todos los temas que están en agenda, incluido el reparto de las ganancias, y que intentemos consensuar, ¿sino para qué conversamos? ”, sostuvo Moyano anoche. Recalde igual insistió ayer en que el proyecto para repartir el 10 por ciento de las ganancias empresarias entre los trabajadores no quedó freezado, y garantizó que “va a seguir su tratamiento, su evolución, y paralelamente la CGT tratará de llegar a un acuerdo con sectores empresarios en un montón de materias”. “El proyecto se sigue tratando con los mismos tiempos de antes. Una semana, quince días, no altera la vida institucional. Era imposible el tratamiento en noviembre por los términos legislativos, por los temas pendientes, por lo cual a mí no me preocupa ni me causó ninguna consecuencia dañosa suspender la reunión con el sector empresario”, concluyó.
Inicialmente estaba prevista la reunión en la comisión de Legislación del Trabajo en Diputados para el martes 19 de octubre, pero el convite debió ser suspendido ante la ausencia de interlocutores del sector empresario. Horas antes de la reunión, los representantes de las principales entidades que integran el denominado Grupo de los Seis (G-6) acordaron faltar a la cita. A éstos se sumaron otras entidades que también manifestaron su rechazo al proyecto. En ese momento, justificaron sus ausencias debido a la “poca anticipación” con la que fueron anoticiadas. No obstante, lo que buscan es tiempo para delinear una contraofensiva para dejar sin efecto el proyecto sobre la base de algunos artículos de la Constitución que, según dicen, les dan la razón. Además de resistir el reparto de ganancias, los empresarios ponen fuerte resistencia a que se conozcan públicamente sus balances. La muerte del ex presidente Kirchner les dio ahora un poco más de tiempo para definir su estrategia, pero todo indica que la reunión finalmente terminará concretándose.
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martes, 26 de octubre de 2010
viernes, 22 de octubre de 2010
BAJO LA TUTELA DE JOSE PEDRAZA
Este blog se llama "La propiedad participada", por que trabajamos como abogados en la defensa de los derechos de los trabajadores de distintas empresas privatizadas.
Hasta ahora hemos hablado de los resultados obtenidos en nuestros juicios de participación en las ganancias de los trabajadores telefónicos, tarea que venimos realizando desde hace más de 13 años y que ha derivado en una sentencia favorable de la Corte Suprema en el año 1998, en los autos "Gentini", y las consecuencias que se han proyectado luego de esta sentencia, que derivó en varios proyectos de ley, del oficialismo, de Proyecto Sur, del socialismo, etc.
Pero a raíz de los últimos hechos ocurridos en el país, quiero hacer público nuestro trabajo sobre la no implementación del programa de propiedad participada para los empleados que fueron de Ferrocarriles Argentinos, que llevamos desde hace 10 años.
En Ferrocarriles Argentinos había más de 100.000 trabajadores, que fueron despedidos antes de entregar las concesiones de las empresas privadas.
No puedo opinar sobre la protección gremial de los trabajadores, en esa triste etapa, pero lo que si puedo decir, es que gracias a la privatización, el Sindicato logró sentarse en el Directorio negando los derechos de sus representados.
Nosotros trabajamos en particular con la privatización de la concesión de la línea General San Martín, cuya actual propietaria es América Latina Logística Central.
En el dto. 666/89, que dispone la ejecución de la ley 23.696 en Ferrocarriles Argentinos a traves del sistema de concesión, disponía que los trabajadores que eran de Ferrocarriles Argentinos a la fecha de adjudicación de cada licitación, iban a recibir las acciones de la nueva empresa.
Esto también lo establecen los pliegos de la licitación y la oferta de quien resulta ganadora de la Concesión.
A pesar de todo esto, los trabajadores, aún no recibieron ninguna acción ni dividendos, ni pudieron ejercer sus derechos políticos en la sociedad privatizada.
La Unión Ferroviaria cubrió los cargos en el Directorio, privando a sus representados de este derecho, y aprobó durante todo este período los balances presentados por la empresa Amércia Latina Logística Central S.A. que autorizaron endeudamientos, prestamos a otras empresas, aumentos de capital, pero nunca distribución de dividendos.
En el año 2000 iniciamos la causa penal, ante el Juzgado del Dr. Jorge Ballestero, y se hicieron las audiencias con los apoderados de la empresa y se les fue requiriendo las razones por las que no se implementó la participación accionaria de los trabajadores, luego de 7 años de traspaso a las manos privadas.
Recién en el año 2004 se hizo el contrato de transferencia de fideicomiso de acciones, pero sólo con los empleados que llegaron a la nueva empresa privatizada. Entendemos que a pesar del contrato tampoco recibieron sus acciones, sus dividendos ni ejercieron sus derechos políticos.
El Sr. Jose Pedrazza, había designado directores en las empresas privatizadas y que a 7 años de la concesión, no impulsó ninguna acción para hacer valer los derechos accionarios de sus representados.
Estamos tramitando distintos juicios civiles, y nuestra denuncia ha sido receptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Confiamos en la Justicia, y estamos seguros que se pondrán las cosas en su lugar, por ello, publicamos esta información.
Es necesario de una vez que sepamos cómo se ha burlado la propiedad participada en todas las empresas ferroviarias, cuál es la responsabilidad del Estado, de la Unión Ferroviaria y de las empresas concesionarias en su falta de ejecución.
Sin ley ni orden es imposible que seamos una sociedad digna para vivir y compartir.
Los saluda. Liliana Zabala.
Hasta ahora hemos hablado de los resultados obtenidos en nuestros juicios de participación en las ganancias de los trabajadores telefónicos, tarea que venimos realizando desde hace más de 13 años y que ha derivado en una sentencia favorable de la Corte Suprema en el año 1998, en los autos "Gentini", y las consecuencias que se han proyectado luego de esta sentencia, que derivó en varios proyectos de ley, del oficialismo, de Proyecto Sur, del socialismo, etc.
Pero a raíz de los últimos hechos ocurridos en el país, quiero hacer público nuestro trabajo sobre la no implementación del programa de propiedad participada para los empleados que fueron de Ferrocarriles Argentinos, que llevamos desde hace 10 años.
En Ferrocarriles Argentinos había más de 100.000 trabajadores, que fueron despedidos antes de entregar las concesiones de las empresas privadas.
No puedo opinar sobre la protección gremial de los trabajadores, en esa triste etapa, pero lo que si puedo decir, es que gracias a la privatización, el Sindicato logró sentarse en el Directorio negando los derechos de sus representados.
Nosotros trabajamos en particular con la privatización de la concesión de la línea General San Martín, cuya actual propietaria es América Latina Logística Central.
En el dto. 666/89, que dispone la ejecución de la ley 23.696 en Ferrocarriles Argentinos a traves del sistema de concesión, disponía que los trabajadores que eran de Ferrocarriles Argentinos a la fecha de adjudicación de cada licitación, iban a recibir las acciones de la nueva empresa.
Esto también lo establecen los pliegos de la licitación y la oferta de quien resulta ganadora de la Concesión.
A pesar de todo esto, los trabajadores, aún no recibieron ninguna acción ni dividendos, ni pudieron ejercer sus derechos políticos en la sociedad privatizada.
La Unión Ferroviaria cubrió los cargos en el Directorio, privando a sus representados de este derecho, y aprobó durante todo este período los balances presentados por la empresa Amércia Latina Logística Central S.A. que autorizaron endeudamientos, prestamos a otras empresas, aumentos de capital, pero nunca distribución de dividendos.
En el año 2000 iniciamos la causa penal, ante el Juzgado del Dr. Jorge Ballestero, y se hicieron las audiencias con los apoderados de la empresa y se les fue requiriendo las razones por las que no se implementó la participación accionaria de los trabajadores, luego de 7 años de traspaso a las manos privadas.
Recién en el año 2004 se hizo el contrato de transferencia de fideicomiso de acciones, pero sólo con los empleados que llegaron a la nueva empresa privatizada. Entendemos que a pesar del contrato tampoco recibieron sus acciones, sus dividendos ni ejercieron sus derechos políticos.
El Sr. Jose Pedrazza, había designado directores en las empresas privatizadas y que a 7 años de la concesión, no impulsó ninguna acción para hacer valer los derechos accionarios de sus representados.
Estamos tramitando distintos juicios civiles, y nuestra denuncia ha sido receptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Confiamos en la Justicia, y estamos seguros que se pondrán las cosas en su lugar, por ello, publicamos esta información.
Es necesario de una vez que sepamos cómo se ha burlado la propiedad participada en todas las empresas ferroviarias, cuál es la responsabilidad del Estado, de la Unión Ferroviaria y de las empresas concesionarias en su falta de ejecución.
Sin ley ni orden es imposible que seamos una sociedad digna para vivir y compartir.
Los saluda. Liliana Zabala.
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