Casanello pidió informes sobre la fusión entre Telecom y Cablevisión

El juez quiere determinar si el Enacom aplicó la ley de servicios de comunicación audiovisual en el proceso de integración

MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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El juez federal Sebastián Casanello solicitó mediante un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que informe si participó en el proceso de fusión de las empresas Telecom Argentina y Cablevisión. En caso de ser afirmativo, el magistrado pretende verificar si la eventual intervención del organismo estuvo sujeta "a los derechos que emanan" de los artículos 41 y 45 de la ley 26.522 (de servicios de comunicación audiovisual), que tratan sobre la transferencia y la multiplicidad de licencias, respectivamente. Así consta en el acta judicial a la que accedió LA NACION.

La fusión entre Telecom y Cablevisión permitirá a la empresa ofrecer conjuntamente telefonía fija y móvil, televisión paga e Internet de banda ancha. Casanello actuó el viernes pasado a partir de un pedido del fiscal Federico Delgado en una causa en la que se denunció al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por abuso de autoridad e incumplimiento del deber de funcionario público. La acusación fue realizada por Liliana Zabala, una abogada que objetó al Gobierno por otorgarles "vacaciones regulatorias" a las empresas de telefonía y habilitarlas a participar de licitaciones públicas, considerando que incumplieron abonar la participación en las ganancias al personal desde que el servicio se privatizó.

Según Zabala, cuando se privatizó Entel, en la década del 90, en el pliego de licitación figuraba como obligatorio abonar la participación en las ganancias al personal. Nunca se cumplió, sin tener en cuenta el fallo de la Corte (caso "Gentini") que instó a pagar el porcentaje correspondiente.

Desde el Enacom, que preside Miguel Ángel de Godoy, se sorprendieron por el pedido de Casanello y argumentaron a LA NACION que el organismo no interviene en los procesos de fusión entre empresas.

Unión

Telecom y Cablevisión avanzan en una fusión en la que ofrecerán de manera conjunta los servicios de telefonía fija y móvil, televisión paga e Internet de banda ancha.

Pedido

Casanello quiere ver si el proceso tuvo en cuenta la legislación sobre transferencias y multiplicidad de licencias.

La nota puede visualizarse en el siguiente link:http://www.lanacion.com.ar/2059739-casanello-pidio-informes-sobre-la-fusion-entre-telecom-y-cablevision

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Pruebas concluyentes

En la causa que tramita ante el Juez Sebastian Casanello por omisión de los deberes de funcionario publico por no controlar a las empresas Telefonica y Telecom S.A., se ha verificado:
El incumplimiento sobre la emisión de la participación en las ganancias al personal de las empresas telefónicas, comprometida en los Pliegos de Licitación.
El incumplimiento de la preservación de los puestos de trabajo, comprometida en los Pliegos de Licitación.
Se ha verificado la ausencia de voluntad política en cumplir el régimen de contrataciones del Estado sancionando a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., en la respuesta del Jefe de Gabinete Marcos Peña al diputado Nestor Pitrola en tanto afirma que por la vigencia del decreto 395/92 no es posible sancionarlas.
Se ha verificado decretos sancionados por el gobierno actual, que evita el cumplimiento del regimen de contrataciones del Estado, a través de entrega a demanda y sin licitación por concurso público de servicios a las empresas Telefonica de Argentina y Telecom S.A..
Se ha verificado el rechazo internacional a las vacaciones regulatorias por la cual el Poder Ejecutivo actual se desentiende de una función básica y elemental que es controlar el servicio de los prestadores de servicios públicos, por el plazo inédito de 15 años.
Se ha verificado la sanción de normas contrarias a la Constitución Nacional, por el Poder Ejecutivo actual, que contradice disposiciones del Poder Legislativo, importando un alzamiento contra las instituciones de la Nación.
Que se han dictado normas que bloquean la posibilidad de la competencia.
Que no se ha cumplido con la autolimitación impuesta al sancionar el decreto 267/2015 de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que unifique y remedie los aspectos cuestionados de la Ley de Medios y de Argentina Digital..
Que no se ha cumplido con la promesa efectuada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enviar el proyecto de ley en reemplazo del DNU 267/15 en breve plazo.
Que se encuentran afectados los derechos a la libertad de expresión, el acceso a una cultura diversa y a la libertad de competencia.
Que no hay previsión del Poder Ejecutivo por los derechos adquiridos de las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom S.A. y Nextel, conferidos por el decreto 1340/2016, conforme la respuesta del Jefe de Gabinete al Diputado Néstor Pitrola.
A pesar de que todas éstas decisiones han sido ordenadas con las facultades arrogadas por el Decreto 267/15, que vulnera limitaciones que imponen las leyes nº 26.522 y 27.708,  se ha probado que no existen las situaciones excepcionales y de necesidad y urgencia que hagan imposible el trámite legislativo.
Ahora la Justicia deberá tomar las decisiones correspondientes en defensa de nuestras instituciones.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.

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