El día 23 de diciembre inicié una “declaración de certeza de incumplimiento contractual”, en contra de las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., y el Ministerio de Comunicaciones, en los tribunales del Fuero del Trabajo, en los que se solicitó el carácter de acción de clase con efectos expansivos de la cosa juzgada.
Este incumplimiento es con las cláusulas del “Pliego de Licitación de la ex-Entel” (publicado en dto. 62/90), en su aspecto laboral: uno en relación al no pago de los “bonos de participación en las ganancias” que hoy acumulan una deuda de 25 años y en otro en lo relativo a la no preservación de las fuentes de trabajo (por los numerosos despidos luego de la privatizaciones, ambas obligaciones a cargo de las empresas telefónicas asumidas en los pliegos de licitación de la ex-Entel).
No es posible que estas empresas pretendan acceder a nuevos contratos con el país, por el incumplimiento pasado y actual de los aspectos laborales aún vigentes por la compra de Entel.
Este incumplimiento, posibilita que el órgano de contralor pueda imponer sanciones desde apercibimiento, resolución contractual y/ inhabilitación para contratar en licitaciones futuras.
Por ello hemos solicitado se anote anote la litis en el “Registro de Proveedores y Oferentes” del Estado Nacional y en la “Oficina Nacional de Contrataciones” del Ministerio de Economía, requiriendo que se libren los oficios correspondientes.
En la demanda presentada, sostenemos que ambas empresas han abusado de las instituciones argentinas, por su obstinación en no cumplir la ley, promoviendo ante el Poder Ejecutivo el dto. 395/92 que luego fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en autos "Gentini", al Poder Judicial, que ya ha dictado 2 sentencias plenarias (fallos Parota y Medina) y 3 sentencias de la Corte Suprema, (fallos Gentini, Dominguez y Ramollino), con la enorme cantidad de juicios que a los que obliga atender en un dispendio innecesario de recursos materiales y humanos del Poder Judicial, y también del Poder Legislativo que ya ha tratado, dos proyectos de ley, del diputado Héctor Recalde y del diputado Nestor Pitrola, el primero con media sanción en la última sesión de Diputados del presente año.
El nuevo cambio institucional, acaecido en el país, la nueva distribución de fuerzas políticas en el Parlamento Nacional, aventuran predecir un control más estricto de las institucionalidad, la ley y los contratos suscriptos en la Argentina.
Es hora que hagamos valer el respeto a la palabra empeñada.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.
Este incumplimiento es con las cláusulas del “Pliego de Licitación de la ex-Entel” (publicado en dto. 62/90), en su aspecto laboral: uno en relación al no pago de los “bonos de participación en las ganancias” que hoy acumulan una deuda de 25 años y en otro en lo relativo a la no preservación de las fuentes de trabajo (por los numerosos despidos luego de la privatizaciones, ambas obligaciones a cargo de las empresas telefónicas asumidas en los pliegos de licitación de la ex-Entel).
No es posible que estas empresas pretendan acceder a nuevos contratos con el país, por el incumplimiento pasado y actual de los aspectos laborales aún vigentes por la compra de Entel.
Este incumplimiento, posibilita que el órgano de contralor pueda imponer sanciones desde apercibimiento, resolución contractual y/ inhabilitación para contratar en licitaciones futuras.
Por ello hemos solicitado se anote anote la litis en el “Registro de Proveedores y Oferentes” del Estado Nacional y en la “Oficina Nacional de Contrataciones” del Ministerio de Economía, requiriendo que se libren los oficios correspondientes.
En la demanda presentada, sostenemos que ambas empresas han abusado de las instituciones argentinas, por su obstinación en no cumplir la ley, promoviendo ante el Poder Ejecutivo el dto. 395/92 que luego fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en autos "Gentini", al Poder Judicial, que ya ha dictado 2 sentencias plenarias (fallos Parota y Medina) y 3 sentencias de la Corte Suprema, (fallos Gentini, Dominguez y Ramollino), con la enorme cantidad de juicios que a los que obliga atender en un dispendio innecesario de recursos materiales y humanos del Poder Judicial, y también del Poder Legislativo que ya ha tratado, dos proyectos de ley, del diputado Héctor Recalde y del diputado Nestor Pitrola, el primero con media sanción en la última sesión de Diputados del presente año.
El nuevo cambio institucional, acaecido en el país, la nueva distribución de fuerzas políticas en el Parlamento Nacional, aventuran predecir un control más estricto de las institucionalidad, la ley y los contratos suscriptos en la Argentina.
Es hora que hagamos valer el respeto a la palabra empeñada.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.
