EL GRUPO TECHINT Y LA PRIVATIZACION DE ENTEL

Este artículo publicado por Alfredo Zaiat en Página 12 el día de ayer, da cuenta de las similitudes entre ambas privatizaciones:
1) El perjuicio al Estado Nacional por el precio irrisorio de las empresas privatizadas.
2) El pago efectuado con bonos a valor nominal 100, pero a precio real de 15.
3) La burla hacia los trabajadores en que se licúa la participación en la propiedad participada.
4) El fracaso del cuentapropismo de los trabajadores despedidos que pusieron kioscos en San Nicolas.
5) Que estamos en el camino correcto cuando planteamos que frente a la distribución de un nuevo ingreso, ya sea por cobrar los bonos de participación en las ganancias, o por la distribución del Fondo de Garantía y Recompra del PPP de Telecom S.A., debemos unirnos y no dilapidar el capital, para dejarle a las generaciones futuras una semilla de que podemos hacer las cosas bien, generando conciencia, habiendo aprendido la lección de las privatizaciones y no repitiendo la historia. Saludos cordiales, Liliana Zabala.

La nota la pueden visualizar en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-166915-2011-04-24.html
El Grupo Techint consolidó su liderazgo con la colaboración relevante de recursos públicos. Durante varias décadas obtuvo contratos de obras públicas, gasoductos, caminos que implicaron un desarrollo sostenido de su área de ingeniería y construcción. Recibió millonarios subsidios por regímenes de promoción industrial con exenciones impositivas, por el fomento de exportaciones industriales y por preferencias arancelarias que brindaron protección del importado. Se benefició de la licuación de pasivos financieros, a través de la regulación de la tasa de interés o del sistema de seguros de cambio para la deuda externa privada. Aprovechó la Ley de Compre Nacional que implicó que el Estado pagara sobreprecios amparados en esa norma. Contabilizó ganancias extraordinarias por su participación activa en privatizaciones, por ejemplo con su inversión en el consorcio de Telefónica que se quedó con la mitad de ENTel. La enajenación de activos estatales también afianzó el corazón de su grupo, la siderurgia, con su desembarco en empresas proveedoras de insumos básicos de esa actividad (producción y transporte de gas, petróleo y energía eléctrica) y con la compra de Somisa. Con las privatizaciones, el grupo logró acceder a un notable grado de integración vertical en el rubro energético y siderúrgico. Además, consiguió una concentración y diversificación de sus negocios que resultó en un extraordinario crecimiento patrimonial. De ese proceso de consolidación empresaria, para la familia Rocca fue fundamental apropiarse de Somisa porque pasaron a dominar un sector estratégico de la economía.
Previo a la privatización, Techint mantenía una relación privilegiada con Somisa, empresa estatal que le vendía la materia prima a precios más bajos que los vigentes en el mercado y le otorgaba subsidios directos, además de establecer acuerdos de precios en ciertos mercados donde ambas competían. Techint, con Siderca y Propulsora Siderúrgica, creció al amparo de los beneficios que, para el sector, implicaba el impulso que a la siderurgia transmitía Somisa. En los dos años anteriores a la privatización, Somisa se ubicaba entre las 30 empresas de mayor facturación anual del país; era la primera empresa en cuanto a su aporte a las exportaciones agregadas de productos siderúrgicos con aproximadamente un 35 por ciento del total; representaba cerca del 60 por ciento de la capacidad de reducción y producción de acero y más del 50 por ciento de la capacidad y la producción de acería; y en la fabricación de bienes finales tenía una presencia importante en la manufactura de distintos laminados no planos y, en especial, planos en frío y en caliente y monopolio en hojalata. Este detalle revela que Somisa tenía un elevado grado de integración vertical de su producción y ejercía un fuerte liderazgo en el mercado siderúrgico local. Su privatización fue una transferencia al grupo Techint de una empresa líder en exportaciones del sector y en distintas áreas del mercado del acero.
En estos días de tensión por la aspiración del Estado de ejercer en forma plena sus derechos políticos y económicos por su tenencia accionaria en Siderar (fusión de Siderca y Somisa), se presenta oportuna repasar esa privatización para poner en perspectiva ese debate y a la vez amortiguar embates excitados del establishment. Antes de la privatización, el interventor de la compañía, el sindicalista de los plásticos Jorge Triaca, realizó el “trabajo sucio” de reducir la plantilla. En diciembre de 1990, la planta sumaba 11.600 empleados; a fines de diciembre del año siguiente, sólo quedaban 5285. Esos despidos masivos provocaron una bonanza pasajera en San Nicolás y alrededores por las indemnizaciones cobradas y un boom de instalación de kioscos que luego la mayoría quebró. Además de esa “racionalización”, esa administración estatal provocó a un importante déficit económico-financiero. Somisa había registrado históricamente buenos desempeños económicos y a partir de la gestión de Juan Carlos Cattáneo, primero, y de Triaca, después, comenzó a contabilizar un déficit operativo de cerca de un millón de dólares por día, acumulando una deuda de unos 500 millones de dólares en apenas dos años. Esa pérdida estuvo asociada a la exportación de productos siderúrgicos a menos del 10 por ciento de su valor real a un trader extranjero y a la compra de gas, carbón, chatarra y otros insumos a precios muy superiores. Esos fuertes quebrantos prepararon el terreno para impulsar y justificar la venta, pero también para provocar una importante subvaluación de la compañía.
El proceso final de la privatización de Somisa fue encarado por una nueva intervención estatal a cargo de María Julia Alsogaray. La principal restricción del pliego de licitación fue prohibir la participación de dos empresas siderúrgicas locales (Acindar y Techint) en un mismo consorcio. Esos dos grupos lo resolvieron en forma sencilla: hubo una sola oferta presentada por el consorcio liderado por Techint, acompañado por las empresas brasileñas Usiminas y Campanhia Vale do Río Doce y la chilena Cap. Acindar ingresó a la empresa después de la licitación al adquirir las tenencias accionarias –minoritarias– que se encontraban en poder de un banco de capitales ingleses (el Chartered West LB Limited), desvirtuando así las condiciones originales de la privatización. Las bases de la venta fijaron que el 80 por ciento del paquete accionario quedaba en manos privadas y el 20 por ciento restante, al Programa de Propiedad Participada (PPP) para los trabajadores, porcentaje que facilitó el acompañamiento de la UOM a esa privatización. Esa tenencia fue luego licuada por operaciones de fusiones y ampliaciones de capital dispuestas por Techint. Con la enajenación de Somisa se consolidó un oligopolio siderúrgico local: el grupo Techint y Acindar pasaron a ejercer una posición dominante en ese mercado. Empresas de Techint monopolizaron la producción local de productos planos y de tubos sin costura, mientras que Acindar desplegó su hegemonía en el mercado de los no planos excluidos los tubos sin costura.
En el documento “Somisa. Una industria en reconversión”, de Juan A. E. González, se plantea el interrogante sobre cuánto se debería haber pagado por Somisa y lo efectivamente desembolsado por Techint. En esa investigación se precisa que la empresa acumulaba un stock de producción elevado que quedó para el nuevo dueño privado. La intervención había estimado un valor teórico de Somisa de 450 millones de dólares, mientras que la consultora contratada para su tasación lo elevó a un máximo de 750 millones. Finalmente, la única oferta fue por 152,1 millones de dólares, abonando en efectivo 140 millones de dólares –base fijada por el Gobierno– y el resto en títulos de la deuda pública. El pago era 100 millones al momento de la posesión y el resto en dos cuotas. En su investigación, Rodríguez se pregunta “¿cuánto pagó por la empresa Techint?” Responde que a esa cifra se le restó 130 millones de dólares, valor que se le dio al stock de producción acumulado, aunque señala que según estimaciones de los entonces diputados Pedro José Novau y Eduardo Santín, ese stock equivalía a 270 millones de dólares. “¿Un regalo no?”, provoca Rodríguez, además de informar que “al otro día de la licitación los nuevos dueños comenzaron a tener sus beneficios, cuando se les adjudicaron cinco créditos equivalentes a la misma suma que debían pagar por hacerse cargo de Somisa”.
Ante esta historia de estrechos y sospechosos vínculos con el Estado a lo largo de varias décadas, que le permitió consolidar un poderoso conglomerado empresario, la presencia de directores de la Anses en una empresa del grupo Techint es poco significativa en perspectiva a ese recorrido. El debate adquiriría más trascendencia si a partir del rechazo de la familia Rocca a la persona designada por el Estado para ser director de Siderar se provocara una revisión no prevista por el Gobierno de cómo se formó un oligopolio siderúrgico para terminar evaluando sus consecuencias sobre un sector estratégico para el desarrollo nacional.

DESPIDOS Y BONOS PARA SOLO 1900 TRABAJADORES DE TELEFONICA EN ESPAÑA

Les reproduzco esta información periodística.
Acá lo sobresaliente, además de la tremenda cantidad de despidos es que repartirá 450 millones de euros (640 millones de dólares) entre 1.900 empleados ejecutivos como incentivo.
Esto demuestra que se debe y se pueden pagar los bonos por nosotros reclamados.
Demuestra que tampoco corresponde sea sobre utilidades netas y que los porcentajes hasta ahora asignados son ínfimos.
Acá sigue la nota:

Telefónica echará a 6.400 trabajadores en España, pero premiará a ejecutivos
16/04/11 Despedirá el 20% del personal pero repartirá US$ 640 millones entre los jefes.

PorJuan Carlos Algañaraz
Madrid. Corresponsal

MADRID. LA EMPRESA OPERA EN 25 PAISES Y TIENE 287 MILLONES DE CLIENTES.
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Telefónica La mayor empresa española, Telefónica, anunció casi simultáneamente que despedirá el 20% de su personal en España, 6.400 trabajadores, y que repartirá 450 millones de euros (640 millones de dólares) entre 1.900 como incentivo. “El presidente de la empresa, César Alierta; el consejero delegado, Julio Linares, y el presidente de Telefónica para Latinoamérica, José María Alvarez Pallete, podrían repartirse entre los tres hasta 50 millones de euros en acciones de la empresa en un periodo de cinco años”, informa la agencia DPA. El año pasado, los tres altos ejecutivos ya habían recibo sus estímulos ya que cobraron 21,5 millones de dólares.

La reacción contra estas medidas, por parte de el gobierno, los sindicatos y los medios de comunicación, ha sido muy negativa. Muchos comentaristas han calificado las medidas de “escandalosamente injustas”.

En muchos medios de la derecha no se ocultó un sentimiento de rechazo en momentos en que la situación social es lamentable y peligrosa.

“No estoy de acuerdo. Más claro no puedo ser”, afirmó rotundamente el vicepresidente del gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La compañía tiene que pasar ahora por un Expediente de Reducción de Empleo ante el Ministerio de Trabajo. Su titular, Valeriano Gómez, rechazó los despedidos señalando que “no es un buen momento para ajustes de plantilla en un tamaño más importante”.

La tasa de desempleo española es la mayor de Europa, un 20% que duplica el promedio comunitario (10%). La tasa total de desocupados supera los 4.700.000 trabajadores y se aproxima peligrosamente a la barrera psicológica de los 5.000.000.

En total, Telefónica tiene unos 269.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 32.000 son de sus sedes en España. En 2010 la empresa aumentó el 30,8% de sus beneficios netos que, proclamaron sus directivos, “alcanzó una cifra récord de 10.167 millones de euros”. Unos 15.000 millones de dólares.

Telefónica opera en 25 países y tiene más de 287 millones de clientes. Ocupa la quinta posición mundial en telecomunicación a nivel mundial por capitalización bursátil.

El año pasado, los países latinoamericanos aportaron el 37% del total de ingresos del grupo, frente a un 31% de Europa, y el número de accesos aumentó en 2010 un 9% en América Latina y un 6,2% en Europa.

Los empleados en España no tienen mucho que festejar. La gigantesca compañía, que es casi un monopolio en España, anunció los despidos debido a que sus resultados españoles se han visto afectado “por un entorno económico difícil” aludiendo a la crisis económica. La cifra de sus operaciones descendió un 5% anual en estos dos últimos años.

A la medida del recorte de la plantilla se añade una reducción del 6% de los miembros de la dirección de la división española, esfuerzos para aumentar la productividad de los empleados y la venta de “activos no estratégicos” en el ámbito inmobiliario por valor de 600 millones de euros.

Los sindicatos e Izquierda Unida han sido las voces más críticas. “Francamente, me parece que tal y como ha anunciado la dirección de Telefónica, la reducción de plantilla y el aumento de los incentivos a los directivos, lo que ha hecho ha sido trasladar una imagen sangrante y sonrojante”, manifestó el secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados denunció un “capitalismo sociópata” que “no tiene responsabilidad social” y “tiene grandes ‘bonus’ para sus gestores”.

El proceso de reducción de empleo de Telefónica en España se inició en 1993, pero contando sólo los Expedientes de Regulación de Empleo de lo que ya va de siglo la plantilla ha adelgazado en 15.000 trabajadores, de forma voluntaria y con bajas incentivadas, que se unen a los 10.000 del último Expendiente de Regulación del siglo XX de la operadora, que fue en 1999.