En la causa que tramita ante el Juez Sebastian Casanello por omisión de los deberes de funcionario publico por no controlar a las empresas Telefonica y Telecom S.A., se ha verificado:
El incumplimiento sobre la emisión de la participación en las ganancias al personal de las empresas telefónicas, comprometida en los Pliegos de Licitación.
El incumplimiento de la preservación de los puestos de trabajo, comprometida en los Pliegos de Licitación.
Se ha verificado la ausencia de voluntad política en cumplir el régimen de contrataciones del Estado sancionando a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., en la respuesta del Jefe de Gabinete Marcos Peña al diputado Nestor Pitrola en tanto afirma que por la vigencia del decreto 395/92 no es posible sancionarlas.
Se ha verificado decretos sancionados por el gobierno actual, que evita el cumplimiento del regimen de contrataciones del Estado, a través de entrega a demanda y sin licitación por concurso público de servicios a las empresas Telefonica de Argentina y Telecom S.A..
Se ha verificado el rechazo internacional a las vacaciones regulatorias por la cual el Poder Ejecutivo actual se desentiende de una función básica y elemental que es controlar el servicio de los prestadores de servicios públicos, por el plazo inédito de 15 años.
Se ha verificado la sanción de normas contrarias a la Constitución Nacional, por el Poder Ejecutivo actual, que contradice disposiciones del Poder Legislativo, importando un alzamiento contra las instituciones de la Nación.
Que se han dictado normas que bloquean la posibilidad de la competencia.
Que no se ha cumplido con la autolimitación impuesta al sancionar el decreto 267/2015 de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que unifique y remedie los aspectos cuestionados de la Ley de Medios y de Argentina Digital..
Que no se ha cumplido con la promesa efectuada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enviar el proyecto de ley en reemplazo del DNU 267/15 en breve plazo.
Que se encuentran afectados los derechos a la libertad de expresión, el acceso a una cultura diversa y a la libertad de competencia.
Que no hay previsión del Poder Ejecutivo por los derechos adquiridos de las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom S.A. y Nextel, conferidos por el decreto 1340/2016, conforme la respuesta del Jefe de Gabinete al Diputado Néstor Pitrola.
A pesar de que todas éstas decisiones han sido ordenadas con las facultades arrogadas por el Decreto 267/15, que vulnera limitaciones que imponen las leyes nº 26.522 y 27.708, se ha probado que no existen las situaciones excepcionales y de necesidad y urgencia que hagan imposible el trámite legislativo.
Ahora la Justicia deberá tomar las decisiones correspondientes en defensa de nuestras instituciones.
Saludos cordiales, Liliana Zabala.
También se puede visualizar en:
https://www.facebook.com/Por-la-Participaci%C3%B3n-en-las-Ganancias-1665120690182387/?ref=aymt_homepage_panel
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El incumplimiento de la preservación de los puestos de trabajo, comprometida en los Pliegos de Licitación.
Se ha verificado la ausencia de voluntad política en cumplir el régimen de contrataciones del Estado sancionando a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., en la respuesta del Jefe de Gabinete Marcos Peña al diputado Nestor Pitrola en tanto afirma que por la vigencia del decreto 395/92 no es posible sancionarlas.
Se ha verificado decretos sancionados por el gobierno actual, que evita el cumplimiento del regimen de contrataciones del Estado, a través de entrega a demanda y sin licitación por concurso público de servicios a las empresas Telefonica de Argentina y Telecom S.A..
Se ha verificado el rechazo internacional a las vacaciones regulatorias por la cual el Poder Ejecutivo actual se desentiende de una función básica y elemental que es controlar el servicio de los prestadores de servicios públicos, por el plazo inédito de 15 años.
Se ha verificado la sanción de normas contrarias a la Constitución Nacional, por el Poder Ejecutivo actual, que contradice disposiciones del Poder Legislativo, importando un alzamiento contra las instituciones de la Nación.
Que se han dictado normas que bloquean la posibilidad de la competencia.
Que no se ha cumplido con la autolimitación impuesta al sancionar el decreto 267/2015 de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que unifique y remedie los aspectos cuestionados de la Ley de Medios y de Argentina Digital..
Que no se ha cumplido con la promesa efectuada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enviar el proyecto de ley en reemplazo del DNU 267/15 en breve plazo.
Que se encuentran afectados los derechos a la libertad de expresión, el acceso a una cultura diversa y a la libertad de competencia.
Que no hay previsión del Poder Ejecutivo por los derechos adquiridos de las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom S.A. y Nextel, conferidos por el decreto 1340/2016, conforme la respuesta del Jefe de Gabinete al Diputado Néstor Pitrola.
A pesar de que todas éstas decisiones han sido ordenadas con las facultades arrogadas por el Decreto 267/15, que vulnera limitaciones que imponen las leyes nº 26.522 y 27.708, se ha probado que no existen las situaciones excepcionales y de necesidad y urgencia que hagan imposible el trámite legislativo.
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