Este blog se llama "La propiedad participada", por que trabajamos como abogados en la defensa de los derechos de los trabajadores de distintas empresas privatizadas.
Hasta ahora hemos hablado de los resultados obtenidos en nuestros juicios de participación en las ganancias de los trabajadores telefónicos, tarea que venimos realizando desde hace más de 13 años y que ha derivado en una sentencia favorable de la Corte Suprema en el año 1998, en los autos "Gentini", y las consecuencias que se han proyectado luego de esta sentencia, que derivó en varios proyectos de ley, del oficialismo, de Proyecto Sur, del socialismo, etc.
Pero a raíz de los últimos hechos ocurridos en el país, quiero hacer público nuestro trabajo sobre la no implementación del programa de propiedad participada para los empleados que fueron de Ferrocarriles Argentinos, que llevamos desde hace 10 años.
En Ferrocarriles Argentinos había más de 100.000 trabajadores, que fueron despedidos antes de entregar las concesiones de las empresas privadas.
No puedo opinar sobre la protección gremial de los trabajadores, en esa triste etapa, pero lo que si puedo decir, es que gracias a la privatización, el Sindicato logró sentarse en el Directorio negando los derechos de sus representados.
Nosotros trabajamos en particular con la privatización de la concesión de la línea General San Martín, cuya actual propietaria es América Latina Logística Central.
En el dto. 666/89, que dispone la ejecución de la ley 23.696 en Ferrocarriles Argentinos a traves del sistema de concesión, disponía que los trabajadores que eran de Ferrocarriles Argentinos a la fecha de adjudicación de cada licitación, iban a recibir las acciones de la nueva empresa.
Esto también lo establecen los pliegos de la licitación y la oferta de quien resulta ganadora de la Concesión.
A pesar de todo esto, los trabajadores, aún no recibieron ninguna acción ni dividendos, ni pudieron ejercer sus derechos políticos en la sociedad privatizada.
La Unión Ferroviaria cubrió los cargos en el Directorio, privando a sus representados de este derecho, y aprobó durante todo este período los balances presentados por la empresa Amércia Latina Logística Central S.A. que autorizaron endeudamientos, prestamos a otras empresas, aumentos de capital, pero nunca distribución de dividendos.
En el año 2000 iniciamos la causa penal, ante el Juzgado del Dr. Jorge Ballestero, y se hicieron las audiencias con los apoderados de la empresa y se les fue requiriendo las razones por las que no se implementó la participación accionaria de los trabajadores, luego de 7 años de traspaso a las manos privadas.
Recién en el año 2004 se hizo el contrato de transferencia de fideicomiso de acciones, pero sólo con los empleados que llegaron a la nueva empresa privatizada. Entendemos que a pesar del contrato tampoco recibieron sus acciones, sus dividendos ni ejercieron sus derechos políticos.
El Sr. Jose Pedrazza, había designado directores en las empresas privatizadas y que a 7 años de la concesión, no impulsó ninguna acción para hacer valer los derechos accionarios de sus representados.
Estamos tramitando distintos juicios civiles, y nuestra denuncia ha sido receptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Confiamos en la Justicia, y estamos seguros que se pondrán las cosas en su lugar, por ello, publicamos esta información.
Es necesario de una vez que sepamos cómo se ha burlado la propiedad participada en todas las empresas ferroviarias, cuál es la responsabilidad del Estado, de la Unión Ferroviaria y de las empresas concesionarias en su falta de ejecución.
Sin ley ni orden es imposible que seamos una sociedad digna para vivir y compartir.
Los saluda. Liliana Zabala.
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